Nicolás Balinotti

El despido de 13 funcionarios, cuatro de ellos de alto rango, abrió una nueva crisis en la Secretaría de Trabajo, que está a cargo de Julio Cordero, exabogado del Grupo Techint.

Se desconocen por ahora los motivos de los desplazamientos, aunque se ordenó una auditoría interna para verificar una serie de gastos irregulares, según fuentes consultadas por LA NACION. “Ninguno de ellos son cargos políticos, eran funcionarios con experiencia, que están desde hace varias gestiones”, dijo un dirigente que conoce el funcionamiento del organismo.

Cuatro de los funcionarios desplazados son directores de áreas sensibles y con trayectoria. Las salidas se oficializaron en paralelo con la designación de Liliana Acosta de Archimbal como subsecretaria de Relaciones del Trabajo, una suerte de número dos de Cordero. Acosta de Archimbal es una abogada que ya fue directora de Asuntos Jurídicos de Trabajo durante la gestión del macrista Jorge Triaca. Su nombramiento se concretó hoy en el Boletín Oficial.

“En el marco de las auditorías que se vienen realizando desde la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, se detectaron severas irregularidades en el área de “Administración” de la Secretaría de Trabajo. En este sentido, como medida inicial se dispuso la separación de su cargo a 13 funcionarios del área, el inicio de sumarios administrativos y el precintado de oficinas para custodia de posible evidencia. Al finalizar las auditorías, de corresponder, se iniciarán acciones judiciales pertinentes”, informaron desde la cartera laboral, donde ya se habla “de un presunto caso de corrupción”.

Dos de los 13 desplazados son Nicolás Sojit, director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, y Martín Bugeiro, director general de Administración y Programación Financiera, según precisaron fuentes oficiales. Ambos ya habrían presentado su renuncia.

En la sede central de la Secretaría de Trabajo, en Alem 650, está inhabilitado el 5° piso, donde se realizarán los peritajes para verificar si es que hubo irregularidades.

El control de la Secretaría de Trabajo se volvió un fusible más del superministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello y en la que motosierra de Javier Milei hizo estragos: 3611 despidos, entre ellos, más de diez cargos políticos de jerarquía. De esos 3611, unas 520 cesantías fueron en Trabajo. La última salida de alto impacto fue la de Mariana Hortal Sueldo, la número dos del organismo laboral y quien siguió los pasos del exsecretario del área, Omar Yasin, a quien el Presidente responsabilizó sin argumentos del escándalo por la suba de su sueldo en tiempos de ajuste.

La salida de Yasin y la llegada de Cordero dejaron al descubierto los cortocircuitos entre la Secretaría de Trabajo y otras áreas clave del Gobierno, como el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. “Está muy trabada la comunicación”, reconocieron cerca de Cordero, en un intento de argumentar el retraso en las homologaciones de los acuerdos salariales sellados entre empresarios y gremialistas.