El presidente Javier Milei comunicó la medida a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter): “Afuera, seguimos con la motosierra”. Por su parte, Mario Lugones, ministro de Salud, detalló que esta decisión responde al "reordenamiento de competencias y al redireccionamiento de las políticas sanitarias".

Evaluaciones y continuidad laboral

Aunque se rescindieron 1.400 contratos, el Gobierno decidió extender por tres meses los acuerdos de unos 40.000 empleados públicos bajo el régimen del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Según informó la administración, este período servirá para que los trabajadores se sometan a un examen de idoneidad que determinará su continuidad a partir de 2025.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, subrayó: “Queremos que los ingresos al Estado sean exclusivamente de personas capacitadas, lo que se traducirá en un servicio público de mayor calidad. La motosierra continúa”.

Contexto de ajuste y resistencia

Este anuncio se enmarca en un contexto de ajuste iniciado en 2024, cuando se dio de baja a 36.000 empleados públicos y se congelaron las vacantes en el sector estatal. Según el Boletín Oficial, desde marzo de 2025 cualquier aspirante al sector público deberá aprobar obligatoriamente la Evaluación General de Conocimientos y Competencias.

Organizaciones gremiales ya manifestaron su rechazo a la medida. Voceros de ATE y UPCN coincidieron en señalar que estas decisiones “dejan en situación de vulnerabilidad a sectores estratégicos para la atención de la salud pública”. Uno de los delegados del Hospital Posadas expresó: “Estamos en pie de lucha porque detrás de cada contrato hay familias que quedarán desamparadas”.

Mientras tanto, crece la incertidumbre entre los trabajadores afectados y los gremios planean nuevas acciones para resistir los despidos.