La medida, tomada en medio del ajuste impulsado por el Gobierno, ha generado una fuerte preocupación tanto entre los empleados afectados como en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Desde distintos espacios sindicales y organizaciones sociales denuncian que estos despidos profundizan la crisis social, dejando sin asistencia a miles de familias que dependen de las políticas públicas de contención. "Se está desmantelando el sistema de protección social, lo que agrava aún más las desigualdades en el país", señalaron referentes gremiales.

Además, los trabajadores afectados han expresado su malestar ante lo que califican como un proceso de hostigamiento y violencia institucional. "No solo nos dejan en la calle, sino que también sufrimos un trato deshumanizante que afecta nuestra salud física y mental", denunció una de las empleadas desvinculadas.

La medida se da en un contexto de ajuste fiscal que ya ha generado conflictos en diversas áreas del Estado, con recortes que impactan directamente en programas sociales y en la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Mientras tanto, gremios y organizaciones evalúan medidas de fuerza para frenar los despidos y exigir la reincorporación de los afectados.