Los pueblos azucareros de Salta y Jujuy atraviesan días de incertidumbre tras el cierre del Ingenio San Isidro –que dejó a 730 trabajadores en la calle– y una ola de despidos impulsadas por las empresas El Tabacal, Ledesma y La Esperanza. Si bien esta semana hay reuniones previstas en algunas de las compañías, los gremios se están encontrando con una negativa cerrada a sus reclamos de reincorporar a los despedidos. La Federación Azucarera Regional prepara para el lunes 19 una caravana de 300 kilómetros que recorrerá los cuatro ingenios. 

La situación en el Ingenio San Isidro es la más grave. Ubicado en la localidad de Campo Santo, a 45 kilómetros de la capital salteña, el ingenio emplea de manera directa a 730 personas, pero otras 1900 dependen de la actividad de manera indirecta. La multinacional que lo controla, el grupo peruano Gloria, presentó un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo y justificó el anuncio de cierre en “las pérdidas constantes y sostenidas” que vendrían sufriendo en los últimos cuatro años. A los obreros se les niega el ingreso desde el 19 de enero.

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Las consecuencias sociales del cierre serían gravísimas no sólo para el departamento donde se asienta, General Güemes, sino para toda la región. El titular de la Unión de Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, José María Jure, explicó en este sentido que los productores jujeños entregan en cada zafra “350 mil toneladas de caña de azúcar para la molienda del ingenio San Isidro”.

“El problema que hoy están teniendo las 730 familias del ingenio se multiplicaría por tres o cuatro si tenemos en cuenta el personal dependiente de los productores independientes. Es un problema muy grande para Salta y Jujuy”, declaró el consultado al diario El Tribuno.

En el Ingenio San Martín, de El Tabacal (localidad de Hipólito Yrigoyen, en el norte salteño), a los 181 cesantías siguió la represión de los afectados, que mantenían un corte de la ruta 50. El vienes pasado, el violento desalojo terminó con siete obreros detenidos. El delegado Adrián Zabala fue uno de ellos. 

“La represión les terminó jugando en contra, porque la gente de Orán salió y volvió a cortar la ruta, hasta que nos liberaron”, contó ayer Zabala a este diario. “En este momento la ruta está liberada, estamos apostados a un costado, con una olla popular. Vamos a esperar los resultados de una reunión de la empresa con el gremio, este miércoles. Pero aparte estamos pidiendo que el gobernador (Juan Manuel) Urtubey intervenga, porque lo que la empresa dice es que perdió rentabilidad por la suba de impuestos y la pérdida de subsidios. Aducen una crisis, pero una crisis a futuro. El argumento que están usando es que si no despiden, a futuro van a tener pérdidas”.

Para Zavala, con los despidos los ingenios buscan debilitar la organización de los trabajadores y flexibilizar las condiciones laborales. “Quieren cambiar, por ejemplo, el régimen de descanso. Y en el caso de la planta de San Isidro, alegan que los aumentos salariales que consiguió el sindicato fueron demasiado altos. En esta región los gremios más fuertes son los azucareros, vienen haciendo historia y los quieren descabezar. Está claro que ese es el método del Gobierno: las empresas se agarran de ahí”.

En el caso del Ingenio La Esperanza, en San Pedro de Jujuy, con la llegada de la multinacional colombiana que compró esa empresa se produjo el despido de casi 300 trabajadores, que también fueron reprimidos cuando se desataron los previsibles reclamos. En Ledesma los echados fueron 30; la mayoría eran obreros que habían participado en un paro.

La caravana convocada por la Federación Azucarera Regional saldrá de la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen, pasará por Ledesma (Ingenio Ledesma), seguirá por San Pedro de Jujuy (Ingenio La Esperanza) y, después de concentrarse en Campo Santo (Ingenio San Isidro), terminará con un acto en la ciudad de General Güemes (Salta).

Con la consigna “Ni un despido más, ni un trabajador menos”, la caravana pedirá la reapertura del Ingenio San Isidro, el cese de los despidos en todos los ingenios de la región y la reincorporación de los despedidos, el respeto a los derechos laborales adquiridos y al convenio colectivo de trabajo, así como el cese de las amenazas a los dirigentes sindicales y trabajadores de la industria azucarera.