Por: Mariano Martín.

La CGT reforzó ayer su estrategia contra el DNU y la “ley ómnibus” de Javier Milei, que tiene como hito central el paro nacional de 12 horas el 24 con movilización al Congreso, con una instrucción a sus delegaciones de todo el país para ejercer presión sobre diputados y senadores de cada distrito. En paralelo la central obrera amplió su red de contactos políticos para sondear una alianza que pueda poner freno al proyecto libertario y buscará extenderla a la UCR. Fueron algunas de las resoluciones que surgieron ayer luego de un plenario de regionales que también decidió replicar en cada provincia, frente a las respectivas gobernaciones, la marcha del 24 a la sede del Parlamento nacional.

El de ayer fue el tercer paso cumplido por parte de la organización en un plan que arrancó con una movilización a Tribunales junto con la presentación de un amparo contra el capítulo de la reforma laboral contenido en el DNU -que devino en una cautelar de la Justicia laboral que suspendió sus efectos- y siguió con una reunión del Comité Central Confederal -una suerte de parlamento sindical y máximo órgano deliberativo- que resolvió el llamado a la huelga nacional y la protesta. Los nexos políticos de la CGT se tejieron esta semana con el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera el peronista aliado al PRO Miguel Pichetto, con el diputado radical Facundo Manes y con la principal referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de quienes dijo haber obtenido un pronunciamiento mayoritario en contra del paquete libertario.

Para hoy la central tiene pautado un encuentro con el bloque de diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo, Romina del Plá y Alejandro Vilca. También los dirigentes esperan confirmación para una reunión con el bloque Innovación Federal, que agrupa a 9 legisladores de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. Pero la mayor expectativa está puesta en una cumbre pedida a Rodrigo de Loredo, presidente de la bancada de la UCR que totaliza 34 legisladores y representa la cuarta minoría detrás de Unión por la Patria, La Libertad Avanza y el PRO.

En algunos sectores políticos como la Coalición Cívica y el Partido Socialista los sindicalistas dijeron haber encontrado eco para rechazar el decretazo y la megaley oficial. Para eso abrieron un canal de negociaciones directo con Carrió, quien hizo saber en varias oportunidades de su desacuerdo con el paquete libertario y en particular por sus formas. En el bloque de Pichetto, en cambio, dijeron haber percibido un matiz según el cual no habrá un rechazo tajante sino la idea de fraccionar las iniciativas y tratarlas de a una.

La principal central sindical tomó la iniciativa de atacar el DNU y la “ley ómnibus” desde todos los frentes posibles: acción sindical y callejera, presión política y amparos judiciales. La “mesa chica” de la organización manifestó, puertas adentro, menos expectativa por la reacción que entienden imperativa de otros dos factores de poder: el peronismo en general, como estructura partidaria y con protagonistas puntuales como los como diputados y senadores y La Cámpora, y los gobernadores, de los cuales apenas uno, Ricardo Quintela, tomó la iniciativa de objetar el paquete de LLA ante la Corte Suprema.

En paralelo con esos abordajes la CGT resolvió ayer iniciar una campaña en la Costa Atlántica para concientizar a los veraneantes del peligro que encierra el plan de Javier Milei. Al cabo de la reunión de ayer, que congregó a 250 dirigentes de 70 delegaciones regionales en el salón Felipe Vallese, Héctor Daer, uno de los secretarios generales, vaticinó que la marcha del 24 será masiva y que “seguramente las calles se van a cortar” en contradicción con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Su colega en el triunvirato Pablo Moyano dijo, por su parte, que la prioridad será “voltear el DNU” y valoró que por primera vez en años “la CGT está más unida que nunca”.