Un proyecto de ley, impulsado por 36 diputados nacionales de la oposición, y que durante el próximo año legislativo debería ser tratado en el parlamento, propone una profunda reforma sindical para modernizar, democratiza y transparentar los sindicatos.

Entre sus puntos centrales se destaca, por ejemplo, que las autoridades que terminen el segundo mandato no puedan ser reelectos y no lo podrá suceder ningún familiar, pareja conviviente, hijos o hermanos. Tienen la obligación de presentar las declaraciones juradas hasta el cuarto grado sanguíneo. Asimismo se plantea la efectiva participación de todos los afiliados en la vida de la asociación, mediante la elección directa de los cuerpos directivos con boleta única papel de sus candidatos en los sindicatos locales y seccionales.

Los años al frente del gremio no es un tema menor. Todo lo contrario. La inmensa mayoría de los líderes sindicales llevan décadas al frente de sus sindicatos. Ellos sostienen que han conseguido mantenerse en sus cargos por voluntad de sus afiliados. La oposición interna de esas mismas asociaciones suelen denunciar escasa transparencia o libertad para enfrentar “a la burocracia sindical”.

Hugo Moyano, Luis Barrionuevo o Armando Cavalieri, son tan solo tres ejemplos, de esto. El camionero ganó su primera elección para estar al frente del gremio en 1987. El gastronómico hizo lo propio en 1979, es decir durante la última dictadura militar, y el jefe de los empleados de comercio, en 1986.

Como se ve, están atornillados al poder sindical, con todo lo que eso implica: los presidentes pasan, ellos quedan. Su influencia y poder de presión es tan grande que siempre se los ve sentados en la primera fila en la Casa Rosada, sin importar el color político del jefe de Estado.

El proyecto de ley también expresa incompatibilidades para ser integrantes de la Comisión Directiva de la las asociaciones gremiales. Sostiene expresamente que no pueden serlo los procesados por delitos de corrupción; los condenados por ilícitos realizados mientras ocupaban cargos públicos; las personas que ocupen cargos partidarios o cargos electivos nacionales o provinciales o se desempeñen como funcionarios públicos, perciban sueldos, honorarios, viáticos o comisiones de otra asociación civil donde desempeñen funciones. Los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de los delegados que ejercen la actividad en esa empresa, sindicato u obra social afín.

Voceros de sindicatos como de sanidad, que comanda el líder de la CGT Héctor Daer, de comercio, liderado por Armando Cavalieri, y de camioneros, al frente de Hugo Moyano, en diálogo con Infobae, expresaron su “profundo rechazo y desagrado” por la iniciativa del diputado nacional de Juntos por el Cambio-UCR Alvaro de Lamadrid.

En el año 2001, la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, intentó una reforma sindical, pero no tuvo éxito

“Lo que están proponiendo estos muchachos es una locura, además de ser anticonstitucional. Poner límites a la elección del secretario general o de las autoridades es meterse en la libertar que tienen los gremios y los compañeros de elegir libremente a sus representantes”, sostuvo uno de los hombres más allegados a Moyano, al ser consultado sobre la propuesta que lleva la firma de 36 diputados nacionales.

De manera similar se expresaron de otros gremios, como el de la la UOM, al frente del cual está Antonio Caló.

Una medida parecida ya había impulsado la actual titular del PRO, Patricia Bullrich, pero cuando era ministra de Trabajo del entonces presidente Fernando de la Rúa. La iniciativa no prosperó y tuvo un cruce público muy fuerte con Moyano en 2001.

En esa oportunidad el pope sindical le preguntó a la entonces funcionaria: “¿Vos que te queres hacer, la Virgen de Luján?” Y arremetió: “¿Qué te metes con los sindicatos?”.

Sobre la gruesa voz de Moyano, la ex ministra respondió: “Yo no soy ninguna virgen y nunca robé un solo peso”.

Ahora, en otro contexto político y con un gobierno peronista, el dirigente radical y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja vuelve con la iniciativa pero como un proyecto de ley que busca conseguir consenso con otras fuerzas políticas.

“Me comprometí con una reforma sindical que el país necesita. Por ello, presenté un proyecto de ley de modernización, democratización y transparencia sindical. Es un proyecto de futuro, para trabajar, producir, circular y estudiar sin mafias ni matones”, justificó De Lamadrid ante este medio.

“La democratización de las Asociaciones Sindicales es un aspecto fundamental para su desarrollo y crecimiento, para la convivencia pacífica y democrática de la sociedad, y también para el crecimiento sostenido de la economía, al evitar que estas asociaciones sean apropiadas por los dirigentes para su bienestar personal, y no para el beneficio de sus afiliados y del país”, expresó el autor del proyecto.

En el texto se propone que “las asociaciones sindicales deberán asegurar la efectiva democracia interna, también tendrán la obligación de presentar las declaraciones juradas de bienes de los candidatos, de las autoridades y sus familiares hasta el cuarto grado consanguíneo y por afinidad todos los años, incluso antes de tener representación sindical por el hecho de ser candidato”.

También establece que “la dirección y administración de la asociación sindical serán ejercidas por un órgano colegiado” y que “las autoridades designadas tendrán mandato hasta por tres años, pudiendo ser reelegidos por otro período igual, por única vez”. Además, indica que “no podrá suceder a una autoridad sindical que haya completado dos periodos consecutivos, ningún familiar, padre o madre, esposa, pareja conviviente, hijos o hermanos”.

En otro de sus puntos se plantea que “es requisito para ejercer la representación que los delegados del personal y los miembros de las comisiones internas continúen prestando servicios en forma regular en el lugar en el que se haya registrado su condición de empleado en relación de dependencia bajo las directivas de su empleador, como mínimo en un 50% de la jornada laboral”.

El proyecto de ley también estipula la cantidad de representantes según la cantidad de trabajadores. De cincuenta a ciento cincuenta trabajadores: un representante; de ciento cincuenta y uno a trescientos trabajadores: dos representantes; de trescientos uno en adelante: un representante más cada mil trabajadores.

En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un delegado por turno. Cuando un representante sindical está compuesto por tres o más trabajadores, funcionará como cuerpo colegiado.

Entre otros, el proyecto de ley fue firmado por los diputados nacionales Luis Pastori, Gonzalo del Cerro, Fabio Quetglas, Sebastián Salvador, Carlos Fernández, Lorena Matzen, Gerardo Cipolini, Diego Mestre, María Luján Rey, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Alberto Asseff.

Al menos por ahora, la iniciativa cuenta con pocas chances de avanzar en una Cámara de Diputados con una mayoría oficialista y con un Alberto Fernández que llegó a la Casa Rosada acompañado por la gran mayoría del espectro sindical del país. Un acompañamiento que se mantiene firme al día de hoy.

Durante la campaña presidencial, Fernández había solicitado la “unificación” sindical en una sola central obrera, y si bien al principio de su mandato esto parecía avanzar, en la práctica no ocurrió. Sin embargo, desde la oposición se entusiasman con realizar una buen desempeño en las próximas elecciones legislativas y cambiar la distribución de las bancas y así avanzar con el proyecto de reforma sindical que cuenta con el respaldo de buena parte de la ciudadanía.

Al menos así lo marcan las encuestas que ponen a los sindicalistas entre los más desprestigiados del espinel social.