El Ministerio Público Federal informó que, en el marco de la investigación de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación penal requerida por ese delito en contra de Braulio Armella Mamani.

El hombre tenía pedido de captura y fue detenido el 22 de septiembre pasado, en Buenos Aires.

En la audiencia de formalización de la investigación penal, la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, solicitó también la prisión preventiva del acusado, que fue concedida por el magistrado.

Según lo expuesto por la fiscalía, la detención del hombre se logró como resultado de tareas que llevó adelante personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de la investigación penal que comenzó el 27 de febrero pasado.

El acusado fue detenido en una terminal de transferencia de carga ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati, y los policías lo habían seguido desde que salió de su casa, en Villa Celina -partido de La Matanza-, que luego fue allanada.

En la audiencia, la fiscal explicó que Armella Mamani era buscado desde abril pasado, cuando se dictó la orden de captura nacional e internacional en el marco de la causa abierta en febrero, cuando personal de Gendarmería Nacional ubicado en el puesto de control El Naranjo, en Rosario de la Frontera, en el sur salteño, detuvo a su hijastra, Karla Yoselín Mamani Aguilar.

La detención se debió a que la mujer, que viajaba en un micro desde la localidad fronteriza de Aguas Blancas, no tenía DNI, aunque aseguró que era oriunda de Bolivia y que se dirigía a Buenos Aires.

A ello, le sumó que una joven de 17 años que iba en el mismo colectivo indicó que la acusada era su tía y que viajaban juntas, mientras que otras dos adolescentes de 16 años dieron el mismo argumento y explicaron que iban a Buenos Aires, a visitar a sus familiares, aunque ninguna tenía la autorización de sus padres ni tarjetas migratorias.

La fiscalía logró establecer durante la investigación que las adolescentes no eran familiares, sino que habían sido captadas en la ciudad boliviana de Potosí, donde trabajaban en la extracción de minerales.

Las jóvenes estaban en un extremo estado de vulnerabilidad, pues vivían en condiciones precarias y alejadas de sus familias, contexto que fue aprovechado para captarlas y ofrecerles trabajo en un taller textil ubicado en Villa Celina, donde debían cumplir más de 15 horas de trabajo por un sueldo semanal de 75.000 pesos.

Sobre los roles en la organización delictiva, la fiscal sostuvo que Mamani Aguilar, condenada en agosto pasado, era la encargada del traslado de las menores.

En tanto, Armella Mamani era quien captaba -junto a la madre de la acusada- a las víctimas y se encargaba de llevarlas a la localidad de Tarija, desde donde las hacían cruzar la frontera por pasos ilegales.

Una vez en Aguas Blancas, las tres adolescentes fueron entregadas a Mamani Aguilar.

En el juicio de determinación de pena, a cargo del Tribunal Oral 2, integrado de manera unipersonal por la jueza Gabriela Catalano, la mujer fue condenada a 10 años de prisión por el delito de «trata de personas con fines de explotación laboral bajo la modalidad de traslado y agravado por el número de intervinientes, la cantidad de víctimas, su condición de minoridad y el estado de vulnerabilidad».

Según lo manifestado por las víctimas -que ya fueron reintegradas a sus familias- la fiscalía pudo determinar que Armella Mamani se encargó de trasladar a las jóvenes en un vehículo hasta la localidad de Tarija, en Bolivia.

Allí, Mamani Aguilar se reunió con su madre, recibió a las tres adolescentes y procedieron a traspasar la frontera hacia Argentina, cruzando el río Bermejo en chalanas.

Tras la detención de Armella Mamani, la fiscalía pudo allanar la vivienda del hombre en Villa Celina, donde funcionaba el taller textil.

En función de ello, la fiscal fundó la imputación penal contra Armella Mamani, como así también aportó argumentos para respaldar el pedido de prisión preventiva del mismo, entre los que resaltó el riesgo de fuga por su facilidad para salir del país y el entorpecimiento procesal, lo que quedó demostrado, puesto que, a días de su detención, logró el desmantelamiento del taller en su casa.

La posición de la fiscalía fue compartida por el juez, quien dispuso la formalización de la investigación, la prisión preventiva y autorizó una serie de pericias requeridas por la fiscalía a fin de avanzar con el resto de los implicados en este accionar, como así también dar con la pareja del acusado, aún prófuga.