El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) volverá hoy a manos de los trabajadores del sector después de dos años de una intervención a cargo de la Justicia y del Gobierno durante la cual se redujo el número de afiliados a casi la mitad. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó para las 12 a los dirigentes electos en diciembre pasado como parte de una lista cercana a Hugo Moyano que se impuso a otra alineada con el oficialismo, para otorgarles la posesión formal del gremio. Cerrará de ese modo el capítulo de Cambiemos en el sindicato de marítimos que arrancó en febrero de 2016 tras la detención del hasta entonces líder, Omar "Caballo" Suárez, y que incluyó un escándalo que tuvo como protagonista al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a una exempleada de su familia. 

La convocatoria del magistrado a la nueva cúpula del sindicato cumplirá con el otorgamiento de la certificación de autoridades para los 11 dirigentes de la conducción nacional que fueron electos en diciembre último, encabezados por Raúl Durdos. La entrega con plenos poderes incluirá al menos cinco edificios en la Capital Federal, cuatro hoteles, decenas de vehículos y las llaves de 19 seccionales del interior. Sólo quedará exceptuada por ahora la obra social de los marítimos, que continuará intervenida por Ramiro Tejada, el cuñado de Canicoba Corral, hasta que las nuevas autoridades nombren a sus reemplazantes. 

El gremio, que registraba un total de 14.800 afiliados al momento de la intervención, volverá a manos de la dirigencia del sector con una nómina reducida a 8.100 cotizantes, le dijo a este diario Daniel Mereles, secretario general adjunto electo junto a Durdos. El dirigente responsabilizó a los interventores nombrados por Cambiemos, Gladys González primero y Silvio Torres después, de la reducción drástica del número de afiliaciones. 

"La intervención le dio la espalda y desactivó la bolsa de trabajo. Tampoco hicieron nada cuando las empresas echaron personal o se fueron del país. También incidió la caída en la actividad y la actitud de las empresas, pero el Gobierno tuvo responsabilidad en la pérdida de puestos de trabajo en la actividad", apuntó Mereles. El dirigente contó que además durante los dos años en los que el gremio permaneció intervenido se acumularon "entre 92 y 97 contratos" que terminaron el 12 de febrero pasado, fecha en la que estaba pautada en principio la restitución. 

El secretario adjunto electo, que formó parte con Durdos de una lista de unidad entre dirigentes cercanos a Moyano y otros apoyados por la seccional porteña de ATE (estatales) y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT, kirchnerista), prometió: "una vez que se concrete la entrega y se retiren todos los directivos de la intervención vamos a investigar con los papeles en la mano". 

La elección a fin de año le dio el triunfo a la lista Verde por sobre la Celeste, que llevaba como candidato a Rubén Manno y que auspiciaba el Gobierno. El comicio se concretó mediante boleta única electrónica y consagró, sobre más de 5.500 votos (68% del padrón habilitado) una diferencia de 600 a favor del binomio Durdos-Mereles. Tras ese proceso electoral se hizo público un escándalo por el despido de Sandra Heredia, una exempleada de la familia Triaca, cuando la mujer dio a conocer que había sido contratada por la intervención del SOMU para aumentar sus ingresos, según le habían prometido los parientes del ministro.