Candela Ini

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito de todos los involucrados en la causa conocida como “Gestapo sindical”, en la que se investigaba la reunión en la sede porteña del Banco Provincia entre empresarios de la construcción, exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y exfuncionarios de la gestión de María Eugenia Vidal. Los involucrados ya habían sido procesados en La Plata, pero habían sido revocados por la Cámara Federal, en Comodoro Py. La decisión del juez federal fue apelada por el fiscal del caso Franco Picardi.

Después de una serie de medidas de prueba, Martínez De Giorgi consideró que no hay elementos suficientes para dictar nuevos procesamientos. Se investiga en esta causa a exfuncionarios de Cambiemos por haber coordinado con empresarios el armado de causas judiciales para avanzar contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, que por entonces era el líder de la Uocra platense, a quien señalaban por aprietes y extorsiones.

Ads byEl juez federal Marcelo Martínez de GiorgiFernando Massobrio - LA NACION

Quienes recibieron la falta de mérito hoy son el exministro de Trabajo del gobierno de Vidal Marcelo Villegas, el exintendente de La Plata Julio Garro, el exsenador bonaerense Juan Pablo Allan, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi y los exfuncionarios de la AFI Darío Biorci y Juan Sebastián De Stéfano, además de los empresarios Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Federico Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Rolando Cusini y Bernardo Zaslascky.

Además de dictar las faltas de mérito Martínez de Giorgi ordenó nuevas declaraciones testimoniales, así como también un análisis de las causas contra el “Pata” Medina.

Esta causa fue iniciada por una denuncia de la extitular de la AFI Cristina Caamaño, quien denunció la existencia de la reunión en los tribunales federales de La Plata.

Inicialmente el caso fue tramitado los tribunales federales de La Plata. Allí el juez Ernesto Kreplak tomó las primeras medidas de prueba y dictó los procesamientos. Los acusados buscaron, desde que surgió la denuncia, que el caso fuera tramitado en los tribunales federales de la Capital Federal, en Comodoro Py. Cuando lograron la mudanza del expediente, fueron revocados sus procesamientos en agosto pasado por la Cámara Federal, con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. En disidencia se pronunció Eduardo Farah. Le habían encomendado a Martínez De Giorgi pronunciarse sobre el caso nuevamente, lo que motivó este nuevo fallo.

Cristina Caamaño

El caso se inició el 27 de diciembre de 2021, cuando Caamaño denunció haber encontrado una serie de archivos audiovisuales en las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Entre esos archivos presentó videos de una reunión realizada en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires el 15 de junio de 2017. De ese encuentro participaron, además de los exfuncionarios bonaerenses y de la AFI, empresarios que se quejaban desde hacía tiempo de las extorsiones a las que los sometía Medina y sostenían que durante el kirchnerismo no habían tenido respuesta a sus reclamos. Los implicados en esta causa denunciaron la legalidad de la filmación que dio origen al caso.

“Gestapo”

En uno de esos videos se ve a Villegas decir: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pidiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

En ese encuentro, Villegas explicitó además un plan de acción contra Medina. “El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista más que laboral de amenaza (...). Se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando”, dijo. Villegas les pidió a sus interlocutores -los empresarios- que sus “instituciones” hicieran “presentaciones” para poder darle “volumen” a una “instancia judicial” y les dijo que a partir de eso intervendría “la fiscal, con todo el soporte de la Procuración general”.