Pero lejos de terminarse con la detención de Suárez, los negociados continúan a la orden del día, ahora de la mano del ministro de Transporte  Guillermo Dietrich y gracias a los favores de la diputada nacional Gladyz González, cuya familia está íntimamente vinculada a los servicios marítimos.

El nuevo escándalo se descubrió cuando "Logística y Servicios Marítimos", firma recientemente creada por Jorge Samarín, ganó un llamado a licitación en el que trabajaron los ministerios de Energía y de Transporte, para otorgar remolque al transporte de combustible, sin ser una empresa de remolques.

Para garantizar la operatoria, la empresa ganadora ofrecía tercerizar los servicios entre otras compañías a través  del Grupo Marítima Meridian, una empresa nacional,  que ofrece para remolque  unidades extranjeras que no se encuentran inscriptas legalmente y no se ajustan a las reglas del Compre Argentino y a la ley de cabotaje que prioriza a las embarcaciones locales, pero que además es la misma empresa responsable del desvío de fondos por el que quedó detenido el es titular del SOMU.

Para que las embarcaciones extranjeras puedan prestar el servicio se requiere de una doble autorización, por un lado del Sindicato frente a las potenciales pérdidas de empleo porque las naves de otro país contratan un mínimo de personal local y por el otro de las autoridades en materia de vías navegables.

Precisamente a cargo de la intervención del SOMU se encuentra la diputada Gladys González que no opuso objeciones, en tanto que el Director Nacional de Vías Navegables, Jorge Metz, hizo lo propio a la hora de homologar la licitación.  Lo que resta decir es que el apellido materno de la diputada es precisamente "Metz", o como se dice habitualmente, " todo queda en familia".

De esta manera, González le garantiza a Dietrich el control del negocio con ingreso de embarcaciones nacionales sin rechazo del sindicato que ella misma maneja para cumplir con el objetivo de licuar el poder de los trabajadores del sector, utilizando siempre como argumento el despilfarro de Suarez cuando estuvo al frente del Gremio.

Vale decir también que el dueño de la empresa ganadora de la licitación es también dueño de la Agencia Marítima, firma que mantuvo el monopolio de los contratos con YPF y Enarsa desde 2008 hasta 2014, en pacto con el Ministerio de Planificación de Julio De Vido y los gremios de la actividad.

Es decir que la trama de negociados montada por el kirchnerismo continúa intacta solo que ahora bajo la atenta mira del ministro Dietrich, la diputada González y los hijos de Samarín a través de la empresa Logística y Servicios Marítimos.

Una historia de escándalos

La diputada González es una verdadera especialista en escándalos, se hizo famosa cuando el concejal Daniel García del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante de Avellaneda la denuncio por pedir el 10 por ciento de los sueldos de futuros funcionarios en cargos provinciales para una fundación relacionada con su fuerza política.

Anteriormente y siendo candidata de la alianza Unión PRO intentó sobornar a la Revista 23 para que le hagan reportajes favorables a Rodríguez Larreta, en una causa que terminó en la justicia pero que luego fue misteriosamente “cajoneada”.

La mayoría de las agrupaciones que integran Cambiemos en Avellaneda rechazan la figura de González y en campaña llegaron a pedir que de una paso al costado “como Fernando Niembro”, sin embargo con llegada directa a Mauricio Macri, la legisladora sigue firme en su función, ahora como continuadora de los negocios del sindicalista detenido.