La iniciativa, que fue presentada en la Cámara baja hace casi un año y anunciada por el presidente Alberto Fernández en marzo del año pasado, cosechó 227 votos favorables, ocho rechazos y una abstención.

Los votos negativos fueron aportados por los cuatro diputados liberales (Avanza Libertad y La Libertad Avanza) y por los cuatro legisladores trotskistas del Frente de Izquierda-Unidad. La única abstención llegó de la mano de la diputada de Juntos por el Cambio Paula Omodeo.

El proyecto es el que había sido originalmente impulsado por el ex ministro Matías Kulfas como parte de un paquete de iniciativas vinculadas al Desarrollo Productivo que también incluía la ley de Electromovilidad, la ley de Promoción Agroindustrial, Compre Argentino, una nueva ley de Hidrocarburos y el régimen de Promoción de la Construcción.

La iniciativa busca desarrollar las inversiones en los eslabones de la cadena de valor automotriz, contribuyendo a generar un mayor componente nacional en la producción de los bienes del sector.

Entre los beneficios que contempla para reducir el costo fiscal de las inversiones se encuentran la devolución anticipada del IVA, una amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, y la reducción a cero de los derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2031.

Los bienes producidos en el marco de estos proyectos de inversión deberán incluir un Contenido Mínimo Nacional (CNM) del 15% durante los primeros tres años de producción, y del 20% durante los siguientes dos años.

De esa manera, se busca satisfacer las metas de incremento en el componente nacional de los bienes producidos por la industria.

Las empresas tendrán plazo para solicitar la incorporación a este régimen hasta el 31 de diciembre de 2027.

También se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

Además, la iniciativa declara a la Industria Automotriz- Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina

El debate en el recinto

Luego de una larga ronda de discursos políticos de parte de representantes de la oposición que plantearon diversas cuestiones de privilegio en el recinto, se inició el debate concreto de la ley automotriz con la palabra del presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (Frente de Todos), quien destacó que esta actividad genera en la actualidad «650 mil empleos industriales en la Argentina, 200 mil empleos en forma directa, y 450 mil en forma indirecta».

El entrerriano, miembro informante del oficialista, explicó que la ley busca «generar estímulos para la inversión en la Argentina, para la generación de empleos y para la generación de exportaciones».

«Al conseguir estas inversiones, y al sustituir componentes extranjeros por componentes nacionales, estamos ahorrando dólares que saldrían por la compra de esos componentes. O sea, sustituimos importaciones. Además, estamos generando la potencialidad de mayores exportaciones», subrayó.

Le siguió como oradora la macrista Laura Rodríguez Machado, quien arrancó su intervención con los tapones de punta al pedir que se rinda «homenaje» a «los industriales de este país, sobrevivientes de la política populista del kirchnerismo».

«Este proyecto trae alivio fiscal a un sector que, como otros, está sufriendo una de las más grandes presiones fiscales en la historia tributaria argentina», expresó la cordobesa del PRO.

Y concluyó: «En esta Argentina del ‘salvase quien pueda’ vamos a ir ayudando a los que podamos, hasta que gobernemos nosotros, que vamos a tener una política general para toda la industria de los argentinos».

A su turno, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, sostuvo que «está muy bueno el proyecto porque lo que hace es darle y proveer los instrumentos para que este sector estratégico adquiera toda aquella competitividad que nos hace falta frente a jugadores como Brasil, México, Sudáfrica, que son firmes competidores de nuestra industria automotriz».

Por su parte, el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) sostuvo que estaba de acuerdo con «impulsar y fomentar las inversiones», aunque apuntó que «es imposible hablar de este proyecto sin hablar del contexto en el que fue presentado».

Al respecto, recordó que «el proyecto fue firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por el ministro de Producción, Matías Kulfas. Ninguno de los tres está en sus cargos».

«No hay forma de estimular las inversiones de un sector, ni tiene previsibilidad una empresa para invertir, si no tiene otras condiciones de estabilidad nuestra economía. Eso es lo primero que hay que discutir, al igual que la competitividad de la economía del país», cerró.

El diputado del PTS-Frente de Izquierda Nicolás Del Caño (PTS- FIT) criticó el proyecto y sostuvo que «hablar de una ley que le da más beneficios a las grandes multinacionales automotrices, como la devolución anticipada del IVA y la reducción del monto a pagar de ganancias, para darle previsibilidad a las patronales, es una vergüenza».

«¿Qué previsibilidad se les da a las grandes mayorías populares del país? Ninguna, lo único que saben es que el ajuste es contra ellos», completó el opositor de izquierda.

El liberal José Luis Espert (Avanza Libertad), que votó en contra del proyecto, se quejó de que la industria automotriz sea una vez más «premiada» pese a estar en una situación de «absoluta decadencia».

«Por eso necesita permanentemente respiradores artificiales como lo es este proyecto de ley», analizó el economista de derecha, que pidió dejar de sustituir importaciones y poner la energía en el desarrollo de otras actividades económicas donde Argentina tiene mayor competitividad y ventajas comparativas.

Espert remarcó que en el país se venden autos a casi el doble de precio dólar que en otros países de la región, por lo que pidió que el Estado deje de dar un «apoyo espurio a industrias que se sostienen con consumidores que pagan esta fiesta».

Hacia el final del debate, el santafecino del PRO Carlos Nuñez opinó que «el Poder Ejecutivo debe beneficiar a todos los sectores y no a uno en particular».