La ley ómnibus llamada «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» incluye entre sus más de 600 modificaciones, la privatización de empresas y sociedades de propiedad total, mayoritaria o minoritaria del Estado y la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El listado de empresas incluidas en el proyecto de ley ingresado a Diputados con el expediente número 25 incluye a la Administración General de Puertos, a Aerolíneas Argentinas, AySA, al Banco Nación, Correo Argentino, Veng (que forma parte del desarrollo de tecnología espacial como satélites) o Nucleoeléctrica Argentina SA (que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II), INTeA (que desarrolla agronegocios con tecnología), Ferrocarriles, YPF, Télam, fábrica de aviones, talleres navales, los nombres siguen.

El proyecto que firman los diputados de extracción sindical Julia Strada, Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Mario Manrique, Pablo Yedlin, Pablo Carro y Hugo Yasky advierte que el procedimiento privatizador ya se inició con el DNU 70/23, donde se eliminó la exclusión del Banco Nación y se flexibilizó aún más la posibilidad de privatizarlo todo. «Se trata de un proceso privatizador totalmente dogmático. La privatización por la privatización misma sin otro matiz ideológico que la destrucción del Estado para favorecer al poder económico concentrado del sector privado», señalan.

Advierten además que el proyecto de Milei «pretende que el Congreso otorgue un permiso genérico al ejecutivo para que venda el patrimonio estatal».

Asimismo señalaron que la propuesta del Ejecutivo se contrapone con la ley 24.156 de Administración Financiera que busca garantizar «la regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de recursos públicos».

Por otra parte argumentan que la venta de estos activos públicos vulneraría los derechos de usuarios y consumidores y de las provincias interesadas, contrario esto al artículo 42 de la Constitución Nacional.

«Por tratarse de una iniciativa legal que pregona tanto la eficiencia resulta paradójico que sea tan ineficiente en términos jurídicos», apuntaron los firmantes contra el proyecto de Milei, al que le contaron 7 veces una referencia a la búsqueda de la «eficiencia» o «eficacia». Habrá que seguir buscando.

Luego puntualizaron lo perjudicial que sería la privatización de algunas de las empresas y aclararon con ejemplos que «la defensa de lo público no es incompatible con la mejora de la eficiencia».

Asimismo remarcaron la gravedad de que el proyecto de ley «Bases…» sean una propuesta general sin detalles y sin participación del Poder Legislativo, trabajadores, trabajadoras ni sectores afectados.

Respecto a la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) señalaron que pertenece al Sistema Previsional, que lo administra la ANSES y es «patrimonio de afectación específica». Por otra parte, expusieron que para el Gobierno la recuperación del sistema previsional fue una «incautación» y que tiene comprometida la liquidación del FGS al Fondo Monetario Internacional.

Asimismo señalan incompatibilidades del actual ministro de Economía Luis Caputo con varias inversiones relativas al FGS denunciadas por Página 12 el 17 de septiembre de 2020 y la desfinanciación brutal que sufrió este fondo durante la gestión macrista.

Para concluir, aseguran que la aprobación del proyecto de ley ómnibus «Bases…» «tendría un carácter irreversible y produciría irreparables consecuencias sobre la estructura económica argentina y los derechos de usuarios y consumidores». Y si bien reconocen que mejorar la eficiencia de las empresas públicas es un desafío, advierten que este modelo de privatizaciones masivas «sólo empeoraría el estado de situación» dejando al Estado sin herramientas para resguardar derechos de los sectores vulnerables.