Laura Serra

Ubicados en las antípodas, representantes empresarios y sindicalistas se cruzaron en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados por el proyecto de ley que impulsa el oficialismo para reducir la jornada laboral sin bajar salarios. El sector empresario expuso una postura unívoca: la iniciativa no es oportuna en este contexto inflacionario y de retracción de la actividad económica. Los gremialistas, por el contrario, abrazaron el proyecto aunque señalaron que las nuevas condiciones laborales deberían adecuarse según la actividad.

Son siete las iniciativas en debate en la comisión que preside la diputada oficialista Vanesa Siley. Los proyectos apuntan a dos modelos: reducir las horas trabajadas por semana –los proyectos varían de 40, 36 a 30 horas semanales- o bien disponer semanas laborales de cuatro días.

Ads byLa delegación de la Unión Industrial ArgentinaSantiago Filipuzzi

La UIA ya anticipó su rechazo la semana pasada, cuando arrancó el debate. Esta tarde, durante la segunda jornada de discusión, ratificó esta postura. “No es adecuado el momento en que se ha decidido avanzar en este complejo tema –advirtió Juan José Etala, presidente del departamento de Política Social de la entidad-. El país atraviesa una innegable crisis económica, con un 40% de empleo informal. Esta iniciativa lo que hará es aumentar la presión sobre el mercado formal cuando los máximos esfuerzos deberían colocarse en formalizar el empleo”.

En el mismo sentido se expresó Marcelo Uribarren, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba. “Cuando hay un 40% de trabajadores en la informalidad, no es ético impulsar una reducción de la jornada laboral”, cuestionó.

El abogado laboralista Héctor RecaldeSantiago Filipuzzi

Etala advirtió que el sector privado debería incrementar un 33% su productividad para compensar los costos de una reducción de la jornada laboral sin rebaja en los salarios. “Si la productividad no aumenta, aumentarán los costos automáticamente con el consencuente aumento de los precios, generando más informalidad e inflación”, alegó.

Desde el sindicalismo, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, retrucó los argumentos empresarios. “Cuando hablan de productividad, ¿quién se la lleva? ¿Adónde está esa productividad si los salarios cayeron y las condiciones de trabajo también?”, acicateó. El diputado José Palazzo, titular del gremio bancario, se sumó a los reproches de Daer.

El ministro de Trabajo bonaerense y sindicalista Walter CorreaSantiago Filipuzzi

“En estos últimos años –también en este gobierno- hubo caída ingresos de los trabajadores y caída de empleo. Entonces alguien se apropió de la productividad, no hubo derrame neoliberal, o quizá esto sirvió para incrementar la tasa de rentabilidad de algunas empresas”, advirtió.

“Dicen que no es ético avanzar con este proyecto cuando hay un 40% de trabajadores en negro. Esta situación no es responsabilidad de los trabajadores, sino de los que tienen que cumplir con la ley”, retrucó Palazzo.