Ante la creciente amenaza del Poder Ejecutivo de avanzar con un decreto presidencial que reestructure la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) —organismo encargado de administrar la Red Federal de Concesiones y las rutas nacionales—, el bloque de diputados de Unión por la Patria recibió en la Cámara de Diputados a dirigentes de los gremios vinculados a Vialidad Nacional.

Estuvieron presentes los gremios ATE Vialidad Nacional, Fepevina, STVyARA y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. El objetivo fue evaluar el estado de situación del organismo y analizar las repercusiones sobre las y los trabajadores que realizan tareas en todo el territorio nacional.

Con preocupación, los sindicatos señalaron que, desde la asunción de Javier Milei, se implementó una política de minimización de la obra pública, que provocó la paralización de obras proyectadas, en construcción y de mantenimiento de la infraestructura existente.

Además señalaron que el abandono de las tareas de mantenimiento representa un riesgo para los usuarios de caminos y rutas nacionales, evidenciando un cambio negativo en la política pública, donde el gobierno nacional demuestra poco interés en preservar la seguridad y la vida de las personas

En marzo del año pasado, la Dirección Nacional de Vialidad despidió a 160 trabajadores y trabajadoras. Hasta la fecha, se contabilizan entre 400 y 500 despidos también como consecuencia directa de las políticas persecutorias implementadas por la administración.

Actualmente, la nueva amenaza es el decreto anunciado por el gobierno, que prevé una reestructuración del organismo y podría generar entre 1.000 y 1.500 despidos adicionales, además de un aumento excesivo de las tareas por la fusión de entidades.

En relación con el presupuesto, los sindicatos denunciaron que, durante 2024, se registró una subejecución del 40%. Para este año, las autoridades anunciaron que profundizarán el ajuste presupuestario, con una reducción aproximada de 50 mil millones de pesos mensuales destinados a la certificación de obras.

Como agravante, el gobierno retuvo a la DNV los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) a pesar de estar regulada la transferencia por ley.

Además, alertaron por la política de concesiones que está aplicando el gobierno nacional, donde privados van a adquirir las concesiones solo de los kilómetros de ruta que efectivamente son rentables, dejando en estado de abandono aquellos kilómetros que son atractivos para la inversión privada, pero son esenciales para el día a día de los argentinos y argentinas.

Estos caminos son vitales para actividades cotidianas como trabajar, estudiar o garantizar el acceso de ambulancias, camiones y otros servicios esenciales.

Los sindicatos también informaron sobre las medidas de fuerza que están llevando a cabo en todo el país, advirtiendo sobre el impacto que estos despidos podrían tener en las familias de los trabajadores y en la ciudadanía argentina. Advirtieron, además, que el organismo ha comenzado a abandonar parte de su objetivo fundacional: garantizar el control y mantenimiento de los caminos y rutas nacionales.

Estuvieron presentes en el encuentro los diputados nacionales y sindicalistas Vanesa Siley y Sergio Palazzo; Rodolfo Tahilade, diputado nacional por la PBA; Varinia Marín diputada nacional por La Pampa y Ana María Ianni, diputada nacional por Santa Cruz. Por la parte sindical asistieron Pablo Zelaschi, secretario general de ATE Vialidad; María del Carmen Burgos, secretaria gremial de ATE Vialidad; Fabián Catanzaro, secretario gremial de Fepevina; Emiliana McNamara, secretaria general de SEVINA CABA; Jorge Maturano, secretario general la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional y Patria de la Rosa, secretaria. De Igualdad, Oportunidad y Género de STVyARA