Leonardo Villafañe

El reciente anuncio del gobierno de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) generó una fuerte reacción por parte de los gremios que representan a los trabajadores del organismo. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue recibida con preocupación y rechazo por parte de los sindicatos.

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Julio Estévez, secretario general de la Unión del Personal Superior de AFIP (UPSAFIP), expresó ante El Cronista su sorpresa ante la decisión del Ejecutivo de volver al esquema institucional de los años 90, con la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). "Observamos una reducción de la planta política del organismo y esperamos que no haya mayores consecuencias respecto a la planta permanente del organismo, que es la que mantiene realmente la recaudación", afirmó Estévez. Además, advirtió que tocar la planta permanente sería un "suicidio político" y que, si se trata solo de un recorte político, lo celebran como una medida de reducción del gasto.

En un comunicado de prensa, UPSAFIP manifestó su expectativa por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) necesario para implementar los anuncios y señaló que no tienen objeciones respecto a la reducción de los cargos políticos, entendiendo que es una facultad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, advirtieron que no permitirán ninguna forma de afectación de los haberes de los trabajadores, amparados tanto por la Constitución Nacional como por el convenio colectivo. Además, felicitaron al contador Andrés Vázquez por su designación al frente de la Dirección General Impositiva y expresaron su deseo de reunirse con él para discutir la dirección del organismo.

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Por su parte, Pablo Flores, secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP), en declaraciones a El Destape 1070, criticó duramente la medida del gobierno. Flores afirmó que "el gobierno no mide la magnitud de lo que hace y está provocando que baje la recaudación" al disolver la AFIP y reemplazarla con la ARCA. Además, denunció que los 3500 despidos anunciados forman parte de una "persecución política" y anticipó que no hay margen para evitar un plan de lucha. "Vamos a empezar un plan de lucha porque esto es una persecución política", declaró Flores, quien también destacó la importancia de la recaudación nacional para el país.

Según fuentes gremiales, tras una reunión de la que participaron Flores, la mesa nacional del gremio con todas las seccionales y SUPARA (Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina), se definió que "la línea de acción no solo es defender los 3.000 puestos de trabajo, sino también el estatus jurídico de la AFIP, ya que si modifican nuestro organismo por decreto, todos quedaremos bajo la Ley de Bases". 

Las mismas fuentes advirtieron a El Cronista que "las próximas acciones serán dos asambleas generales, probablemente mañana por la tarde, tanto en el Hipotecario como en la Aduana, donde se definirá la medida de fuerza a tomar, en conjunto con SUPARA". 

"No solo vienen por los ingresantes, vienen por todos. El sindicato actuará en los planos político, sindical y jurídico", señalaron.

AFIP, el FMI, Menem y Milei

Antonio Rosselló, ex-secretario de la seccional Capital y Agencias, de AEFIP, ofreció una perspectiva histórica sobre la creación de la AFIP y su eficacia en la lucha contra la evasión y el fraude. Ante este diario, Rosselló recordó que el modelo de la AFIP fue impuesto por el FMI al gobierno de Menem y que demostró ser eficaz y eficiente en más de 30 países.

Según Roselló, "los incentivos salariales ayudan a combatir la corrupción. Pero ningún modelo garantiza (ni podría garantizar) una corrupción 0 ya que se juega con sumas enormes de la riqueza y el PBI de cada país. Por ejemplo la economía negra en USA no es menor al 10% del PBI algo así como siete PBI locales".

"En este país es de no menos del 40% y secuencialmente se premia con blanqueos y moratorias o planes de facilidades de pago lo que hace mucho más difícil introducir conductas proactivas al cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones. La ley penal tributaria es un ejemplo de ello. Desde su existencia se cuentan con los dedos de las manos las condenas", concluyó.

"Este gobierno que considera héroes a los evasores no podía hacer otra cosa que destruir el órgano recaudador, está en su ADN", afirmó Rosselló, quien también advirtió sobre las consecuencias de esta medida en la economía nacional.