Hoy quedará conformada la Comisión de Transparencia del Empleo Público. Este ámbito –que se integrará con funcionarios, legisladores y gremialistas– está destinado a evaluar la organización del Estado provincial y de los cargos de planta permanente.

El espacio habilitará la revisión de parte de la estructura estatal, que alcanza a unos 17.000 empleados públicos. La inicial etapa –que vencerá el 3 de agosto– exigirá la aprobación del organigrama de cada ministerio.

A fines de octubre, la comisión resolverá la lista de agentes en disponibilidad y para eso será central la actuación de los gremios. La reglamentación prevé que ese estado se hará efectivo "salvo negativa expresa y fundada de los vocales" gremiales. Allí el enfoque se concentrará en ex funcionarios, agentes con ingreso irregular a planta permanente o personal sin cumplimiento de funciones.

El procedimiento se iniciará hoy a partir de una convocatoria realizada para las 18, en Capacitación, por el secretario de la Función Pública, Sandro Chaina, quien presidirá esta comisión. Otros tres miembros aportará el Ejecutivo –representantes de los ministerios de Gobierno, de Economía y de la Secretaría General–, tres serán legisladores –dos oficialistas, Carlos Vazzana y Ricardo Arroyo, y un opositor aunque el radicalismo no participaría– y habrá dos miembros de los gremios estatales. La representación sindical –que corresponde al mayoritario UPCN y a ATE– queda en minoría en la composición, pero la reglamentación de la ley le otorgó un poder especial en la etapa final. Los gremios ostentan la facultad de veto cuando la Comisión deba decidir por el pase a disponibilidad,

Esta instancia requerirá de la manifiesta conformidad gremial, lo cual reduce obviamente cualquier posibilidad de despido. La misma constituyó el impuesto debilitamiento a la ley de disponibilidad frente a las críticas a su instrumentación. Pero los vocales sindicales deberán coincidir en el veto, obligando a una posición conjunta a dos gremios tradicionalmente enfrentados. Esta circunstancia hace importante la reunión constitutiva de hoy, porque la organización que conduce Juan Carlos Scalesi siempre resistió la idea de compartir un ámbito con el gremio minoritario de los estatales, que lidera Rodolfo Aguiar. Incluso UPCN continúa en el forcejeo y la semana pasada sólo remitió "bajo protesta" la nómina de miembros para la Comisión.

El mecanismo quedó reglamentado con el Decreto N° 291, fijando plazos. La primera etapa comprende 90 días para la aceptación de los organigramas, que concluye el 3 de agosto. Después, la Comisión tiene 60 días hábiles –antes del 30 de octubre– para la asignación de cargos al personal y, consecuentemente, la definición de la nómina de agentes que pasarán a "disponibilidad, con percepción de haberes y cese de prestación de servicios". Dentro de los 30 días hábiles –que vence el 12 de diciembre– se "procurará la reubicación y/o recalificación de los agentes afectados". Agrega la ley que "vencido ese plazo, sin que hubiere sido posible la reubicación y/o recalificación, se producirá la extinción del vínculo de empleo público".

La ley de disponibilidad se prevé para parte de la planta permanente del Poder Ejecutivo, sin alcanzar a los otros poderes, como tampoco a docentes y policías.