Por: Alfonso de Villalobos

Las dos principales federaciones que representan a los docentes universitarios de todo el país coincidieron en una medida de fuerza que comienza este martes 22 de abril y se sostendrá hasta las últimas horas del miércoles 23. La acción representa la continuidad del paro de 48 horas que el sector protagonizó los días 17 y 18 de marzo pasados.

La CONADU Histórica agrupada en la CTA Autónoma sostendrá un paro de 48 horas con clases públicas mientras que la CONADU, de la CTA de los Trabajadores, parará el miércoles a la vez que el martes impulsará una jornada de protesta con clases públicas

Reclamo irresuelto

La misma buscará poner en agenda nuevamente el irresuelto problema salarial que arrastran los trabajadores docentes de nivel superior a pesar de las grandes movilizaciones y paros que protagonizaron durante el año 2024 ante el deliberado ataque a la universidad pública que desarrolla el gobierno del presidente Javier Milei, egresado de la privada Universidad de Belgrano.

En aquella oportunidad mediante las masivas movilizaciones de abril y octubre que fueron capaces de canalizar la movilización de más de un millón de personas en todo el país cada una, los docentes consiguieron algunos resultados. Sin embargo, no pudieron revertir el cepo sobre el salario que impuso el gobierno nacional y que tuvieron como resultado un retroceso del salario real superior al 33%.

A la primera de ellas, en abril de 2024, el gobierno respondió con la actualización parcial del presupuesto para el funcionamiento de las unidades académicas que era el principal reclamo sostenido por las autoridades universitarias agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional. Esto es el pago de servicios, mantenimiento cotidiano y otros gastos corrientes que, sin embargo, representan poco menos del 10% del presupuesto total.

En la segunda tanda de movilizaciones a las que las autoridades acompañaron con menor vehemencia, sin embargo, se sumó más decididamente el movimiento estudiantil con asambleas y la ocupación de más de un centenar de facultades en todo el país en rechazo al veto que el ejecutivo dispuso luego de la aprobación de una ley que garantizaba la actualización salarial por la evolución del IPC.

El gobierno, en ese contexto, se vio obligado a, por un lado, otorgar un aumento salarial del 6% en septiembre que recuperó muy parcialmente lo perdido y, por el otro, acatar lo que establece la ley reconociendo el salario mínimo garantizado para la categoría de ayudante de primera con dedicación semi exclusiva según lo dispone el salario mínimo dispuesto en la paritaria nacional docente para todos los trabajadores de la educación.

Esa decisión tuvo impacto en los ingresos de los trabajadores más jóvenes, con menor antigüedad y categoría en tanto el cargo de convenio para ese segmento se encontraba sensiblemente por debajo de esa garantía.

A la vez, al dilatar el cumplimiento de ese derecho, su reconocimiento implicó una retroactividad que generó cierto alivio para una porción sensible de trabajadores docentes que, según estimaciones gremiales, supera la mitad de los casi 200 mil en todo el país.

Con todo, esa misma garantía sufrió también una pérdida importante con relación a la evolución de los precios. Días atrás, a fines de marzo, a pesar del rechazo de todos los gremios de la educación, el gobierno decidió en forma unilateral llevar esa garantía desde los $420 mil vigentes desde julio de 2024 hasta $ 500 mil a partir del 1° de febrero de este año. La actualización implica una pérdida del 28% en términos reales.

Los haberes de convenio, por su lado, acumulan un retroceso que, a febrero de este año, implica una caída superior al 33% que equivale a la evaporación de tres salarios completos en un año.

Sobre llovido mojado

En enero y febrero de este año los incrementos otorgados en forma unilateral a los trabajadores del sector fueron del 1,5% y el 1,2% respectivamente mientras que en marzo la suba fue del 0%.

La inflación registrada por el INDEC llegó al 2,2% en enero, 2,4% en febrero y 3,7% en marzo cuando, además, la canasta alimentaria trepó un 5,9%. Así, solo en los primeros tres meses del año los ya alicaídos salarios perdieron un 5,3% adicional en su capacidad de compra.

La medida cuenta con el apoyo de la rama universitaria de CTERA que parará el miércoles pero no será acompañada por el sindicato de base de la CGT FEDUN que, aunque minoritario, debilita la acción común del Frente Sindical Universitario. Esa organización gremial asegura que su plan de lucha continúa con la movilización del 30 de abril convocada por la CGT como continuidad del plan de acción definido por el Consejo Directivo realizado el martes 15 de marzo.

Las federaciones agrupadas en ambas CTA, a su vez, evalúan la realización de una nueva marcha nacional universitaria para el mes de mayo o junio.