Los docentes universitarios se preparan para un año de alta conflictividad laboral debido a la significativa pérdida de su poder adquisitivo en 2024. Según datos de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUBA), desde diciembre de 2023, los salarios del sector han quedado 71 puntos por detrás del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que representa una disminución del 35% en su poder adquisitivo.
Ante esta situación, FEDUBA ha lanzado una consulta entre sus afiliados para evaluar la posibilidad de no iniciar el próximo cuatrimestre. En un comunicado, la entidad expresó: "La situación salarial de nuestro sector es crítica y es más que evidente que no hay intenciones de revertir el brutal recorte de ingresos que hemos sufrido los docentes universitarios".
El conflicto se enmarca en un contexto de tensas relaciones entre los gremios universitarios y el gobierno de Javier Milei. Durante 2024, se llevaron a cabo numerosas jornadas de paro, clases públicas y marchas, destacando las del 23 de abril y 2 de octubre, en defensa de la universidad pública y gratuita, y en reclamo de la apertura de paritarias.
Además de la pérdida salarial, los docentes denuncian la ausencia de un presupuesto actualizado para las universidades públicas. La prórroga del presupuesto 2023 ha puesto en riesgo el funcionamiento básico de estas instituciones, lo que agrava aún más la situación.
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) también ha declarado el estado de alerta y movilización, señalando que la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 equivale al valor de cuatro salarios y medio mensuales. En un plenario reciente, representantes de 21 gremios de base analizaron la situación y destacaron la necesidad de acciones concretas para revertir el deterioro salarial sin precedentes en los últimos 20 años.
La consulta de FEDUBA estará abierta hasta el 21 de febrero, y sus resultados serán determinantes para definir las medidas a seguir. Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece en vilo, a la espera de soluciones que permitan garantizar condiciones laborales dignas y la continuidad de la educación pública de calidad.
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