Los 24 vivían en unas habitaciones precarias levantadas en una frontera del campo. Se levantaban temprano. La jornada laboral comenzaba a las seis de la mañana. No terminaban antes de las ocho de la noche. Las interrupciones de descanso estaban vedadas.

Las instalaciones eran en el perímetro de la localidad de Maipú, al sureste de la capital de Mendoza. Su tarea: reacondicionar los viñedos tras el invierno para reiniciar un nuevo ciclo vegetativo.

Trabajaron solo quince días. El miércoles 29 de noviembre hubo un llamado anónimo al 145, la línea gratuita del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas para denunciar casos de explotación de personas.

Un día después, un operativo de fiscalización nucleó a personal del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y el Comité contra la Trata corroboró lo denunciado y libró un oficio para la intervención del programa dependiente del Ministerio de Justicia de Nación con asistencia de Gendarmería.

De los veinticuatro trabajadores, cinco eran mujeres: una está embarazada de tres meses y otra es una adolescente de 17 años. Cuando las autoridades ingresaron a la finca constataron que había veinticuatro trabajadores en sus puestos: solo la niña de siete años se encontraba en una de las habitaciones.

Debían pagar el alquiler para vivir en condiciones de semiesclavitud. Nunca cobraron por sus labores. Se les adeudaba quince días de trabajo pero, en una vil estrategia de sometimiento, los que debían dinero eran ellos. La finca tenía un almacén, regentado por la esposa del cuadrillero.

Vivían y trabajaban en el pueblo de Barrancas, a 23 kilómetros de Mendoza Capital, en un paraje atravesado por la ruta provincial 14, al borde del río Mendoza. Pero ellos no lo sabían. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Nadie sabía exactamente hacia dónde escapar.

En el relevamiento, las autoridades detectaron indicios de explotación laboral y alertaron a la fiscalía federal de turno que libró un oficio para un allanamiento.

No tenían agua potable. Debían extraerla de un pozo. Se bañaban en condiciones extremas, también provistos de baldes. No tenían colchones: dormían en colchonetas de goma espuma en habitaciones signadas por la deficiencias y la escasez. Las condiciones de higiene eran precarias. Las condiciones de seguridad eran, directamente, nulas. No tenían calzados apropiados ni ropa de trabajo.

Según la ley de trabajo vigente, por estos quince días de trabajo se les adeuda 240 mil pesos a cada uno. Algunos trabajadores regresaron a Salta. Otros continúan en Mendoza. Hay cuatro personas que aún permanecen allí, en algún suelo de Barrancas donde nace el buen vino argentino.