Por: Mariano Martín y Franco Mizrahi.

La Cámara del Trabajo rechazó intervenir en la causa madre que impulsa el sindicalismo contra la reinstauración del impuesto a las Ganancias y resolvió derivarla al fuero Contencioso Administrativo Federal, adonde la CGT mantiene plena incertidumbre respecto de la suerte de su planteo. Se trata del amparo que presentó la Asociación Bancaria, que hizo las veces de guía para el resto de los gremios que hasta ahora acudieron a la Justicia laboral, que ya había recibido un revés en primera instancia con una declaración de incompetencia y también del Ministerio Público Fiscal, siempre en favor del otro fuero, donde el gobierno pisa fuerte.

La estrategia de la CGT de plantear una oleada de demandas en el fuero del Trabajo por parte de sindicatos de manera individual -a diferencia de la desplegada contra el capítulo laboral del DNU 70/23, que en ese caso sí encabezó la central- tuvo hasta ahora resultados adversos. Como reveló El Destape, una jueza de primera instancia ya se había excusado de intervenir ante una presentación de Camioneros con el argumento de que ella es sujeto de Ganancias (es de las magistradas que asumió su cargo después de 2017, cuando comenzó a regir el tributo para los funcionarios judiciales) y la cautelar de La Bancaria había sufrido su primera declaración de incompetencia. Esta semana se sumó una de la Asociación del Personal Legislativo (APL) que la fiscal laboral Mónica Sirounian sugirió remitir a Contencioso Administrativo.

Por lo demás se espera el resultado de otros expedientes como los planteados por la Federación de Petroleros o el gremio de Aceiteros, entre otros. La única cautelar que hasta ahora tuvo un fallo a favor fue la de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén que puso a salvo al personal docente y de la administración pública de la provincia del pago del gravamen.

En el caso de La Bancaria hubo un pronunciamiento dividido en la Sala VI de la Cámara laboral. Los jueces Carlos Pose y Silvia Pinto Varela coincidieron en que los argumentos del sindicato no habían sido suficientes para establecer la competencia del fuero del Trabajo, al que señalaron como responsable de atender conflictos por leyes de ese campo. En cambio, alegaron que la materia tributaria, como Ganancias, es propia del fuero Contencioso Administrativo. En disidencia, la camarista Gabriela Vázquez validó los argumentos del gremio que encabeza Sergio Palazzo de atacar la ineficacia de la misma ley 27.743 en su capítulo fiscal al destacar que no llegó a ser siquiera debatido en el Senado. También, que al sindicato le asiste la razón para accionar dado que la inmensa mayoría de sus representados quedó alcanzado por el pago de la nueva versión de Ganancias.

La argumentación desplegada por La Bancaria (la cautelar la ideó el abogado Pablo Topet con asistencia del equipo jurídico de la CGT) se basó en varios ejes: uno que fue central fue asumir que no hubo una ley como tal al no haberse tratado el capítulo fiscal en la Cámara alta. En ese aspecto el gremio asumió como "inconstitucional" su contenido. También, por afectar el resultado de las negociaciones colectivas y condicionarlas dado que los aumentos terminan por ser capturados por el impuesto. Una consecuencia directa también destacada por la demanda es el impacto sobre el  salario. Y otro de los argumentos expuestos fue que el artículo 133 de la ley de Contrato de Trabajo prohíbe retener de una remuneración más de 20% del total, un valor superado en algunas de las categorías de Ganancias.

La CGT buscó mantener en reserva el fallo de la Cámara del Trabajo, firmado este martes por los tres magistrados. La razón: administrar en términos políticos un resultado adverso hasta tanto pudiera visualizar el rumbo del expediente en el fuero Contencioso. Por sorteo recayó en el juzgado de Pablo Cayssials, uno de los magistrados que viajó a la residencia del magnate estadounidense Joe Lewis en Lago Escondido junto a agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín en octubre de 2022. Tal como publicó El Destape, Cayssials tenía a diciembre de 2022 al menos 82 expedientes vinculados al Grupo Clarín y en 24 de esos expedientes hubo movimientos luego del viaje organizado por ejecutivos del multimedios.

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El primer paso que deberá dar Cayssials es si toma el caso o no. Es decir, puede aceptar la competencia o rechazarla. Si sucede lo segundo, el conflicto deberá ser zanjado por la Corte. Si lo toma, lo que deberá analizar es la medida cautelar planteada, es decir, la suspensión de la ley que se está debatiendo. Si Cayssials no dicta la cautelar volverán a pagar Ganancias trabajadores que no estaban pagando ese impuesto. Esto complicará la paritaria del gremio en cuestión porque hay trabajadores a los que les aumentarán el sueldo y aun así puede que ganen menos que antes por tener que abonar este impuesto.

Un fuero donde el gobierno pisa fuerte

Si hay un fuero donde el gobierno pisa fuerte en la Justicia ese es el Contencioso Administrativo Federal. Allí, por ejemplo, logró mantener en pie al escandaloso megadecreto 70/2023, que alteró reglas esenciales de la arquitectura constitucional y atribuyó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias vedadas por la Carta Magna. Ese DNU hoy está vigente salvo en pasajes puntuales. Justamente, uno de los apartados que está suspendido es el laboral, que fue protegido por el fuero del Trabajo. Esa tradición proteccionista, sobre todo de la sala VI de la Cámara del Trabajo, se quebró con este fallo sobre Ganancias, rubricado el pasado 13 de agosto.

Con el traspaso del caso al Contencioso, las miradas pasan a estar en el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, exministro de Justicia y exjuez de la Corte durante el menemismo. En tribunales se le adjudica a Barra –jefe de los abogados del Estado- una fuerte ascendencia sobre este fuero, que está muy vinculado al Poder Ejecutivo por la temática que aborda.

El fallo y sus alcances

En el fallo al que accedió El Destape la mayoría compuesta por Carlos Pose y Silvia Pinto Varela declaró la incompetencia del fuero laboral para abordar el caso de La Bancaria.

El camarista Pose lideró la votación y resaltó que “la Justicia Nacional del Trabajo, nació para atender a conflictos privados entre trabajadores y empleadores e, incluso, a conflictos de carácter sindical pero nunca a conflictos de cuño institucional generados por las prerrogativas que tiene el Estado para imponer tributos a las personas”. “Al Poder Judicial compete analizar si la imposición o modificación de pautas tributarias repugna o no los principios contenidas en la Constitución Nacional, pero no ha sido la Justicia Laboral la autorizada para cumplir tal función, máxime encontrándonos ante una situación reglamentada por una ley federal y no por una ley nacional”, agregó. Pose fue designado por Mauricio Macri y llegó a legitimar el despido de una persona que desde un stand le maulló al entonces presidente durante un evento en La Rural.

La camarista Gabriela Vázquez, que preside la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, discrepó con su colega. Vázquez propició “la revisión de lo decidido en origen y que se declare la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en el presente proceso”. Para esta jueza, quien llegó a ser presidenta del Consejo de la Magistratura durante el kirchnerismo, se “impone la aplicación de la directriz instituida por el artículo 21 de la ley 18.345 el que, al regular los casos especiales de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, sienta en forma clara que le corresponde a esta última intervenir en aquellas ‘causas en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos del derecho del trabajo’”.

En esa línea, Vázquez resaltó que “tanto el estudio del alegado menoscabo que la creación de un tributo puede provocar en el ejercicio de una facultad medular de los gremios con personería gremial, como lo es el de negociar colectivamente; como el análisis de la invocada lesión a la ‘retribución justa’ de las personas trabajadoras que resguarda la Constitución Nacional, sujetos de preferente tutela, exige de una judicatura con especial versación en sendos institutos de Derecho del Trabajo colectivo e individual respectivamente”. Básicamente, lo que señaló es que un juez en lo contencioso administrativo no es especialista en negociación colectiva ni en retenciones al salario y que para saldar este tema, por la problemática que aborda, se necesita una judicatura especializada en temas laborales.

La camarista también afirmó que “la Justicia Nacional del Trabajo, aparte de intervenir en cuestiones de derecho común, tiene asignada competencia federal, especialmente en materias tales como las regidas por la ley 23.551 de Asociaciones sindicales”.

La jueza Silvia Pinto Varela fue la encargada de desempatar. Y para hacerlo se respaldó en el dictamen del fiscal general interino ante la Cámara del Trabajo, Juan Manuel Domínguez, quien está ternado para ocupar definitivamente el cargo y había planteado el cambio de fuero. ¿Qué dijo Pinto Varela? Tras coincidir con Domínguez, aseguró: “El planteo involucra, prioritariamente, facetas y normas propias del derecho público y tributario, cuyo discernimiento y aplicación determina la competencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal”.

La mayoría que conformó el fallo que declaró la incompetencia del fuero laboral se limitó a la cuestión tributaria y soslayó que los cambios que se quieren imponer con la reinstauración del impuesto a las Ganancias limitan la negociación colectiva, los salarios profesionales y, por ende, están influenciando derechos constitucionales.