El 6 de enero se publicó en algunos medios una nota agraviante contra mi persona donde se me trató de violento y de tener problemas con la justicia, construyendo una fake news que juega en una interna sindical que tiene como discusión la política y los nuevos liderazgos que surgen en la cotidianeidad gremial.

Destaco que cuento con el aval probatorio de todos los dichos que afirmo en el presente y que no solo pongo a disposición sino que acompaño a los efectos de que retracten las falsas imputaciones sobre mi persona.

Luego de haber decidido junto con mis compañeros de trabajo, armar una agrupación en la seccional 11 de mi gremio, comencé a ser víctima de hostigamientos de diversa índole, que se transformaron en  una persecución que se corre de los carriles democráticos de la militancia y política sindical.

Comenzaron dándome de baja mi celular y luego de obtenido un nuevo chip, haber violado la privacidad de mis conversaciones por celular (causa que está en la justicia federal en proceso de investigación) y por la que se encuentran imputados dirigentes del oficialismo que conduce mi gremio UTI.

Un mes más tarde comenzó una cacería judicial que comenzó con una denuncia de la responsable de maestranza  donde estaban mis oficinas laborales y gremiales, que me acusaba de haberla amenazado, maltratado y de haber hecho una pegatina agraviante en solo 2 horas en 10 edificios públicos.

Entre las afirmaciones, la denunciante decía por ejemplo que no quería tomar el colectivo conmigo y que por tal motivo caminaba hacia otra parada, cuando todo el mundo de PAMI Perú 169 sabe q voy en mi auto particular al trabajo.

 La acusación de las pegatinas fue archivada

Fue el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 19, con fecha 13/05/2021, que resolvió archivar la denuncia (art. 73 inc.1° del C.P. y arts 195 y 415 y cc. Del CPPN) y decidió pasar la causa por amenazas a la justicia de la ciudad.

El fiscal a cargo de la causa luego de haber escuchado a una testigo por parte de la denunciante decidió archivar la causa.

Oscuros intereses gremiales del lawfare detrás la denunciante, insistieron para que se vuelva a abrir la causa, argumentando supuesta falta de producción de prueba testimonial.

El objetivo del lawfare en pequeña escala, no era averiguar la verdad sino mantener la falaz imputación penal para hacerla visible en los medios de comunicación. De dicha forma, se despolitizaba una interna gremial, llevando un conflicto inexistente al ámbito judicial y mediático.

Finalmente los nuevos testigos negaron categóricamente haber presenciado amenazas o insultos por mi parte, pero sí hablaron de que la denunciante habría sido instigada por Hugo Labate, delegado de la UTI de la seccional 11 para denunciarme, hasta se puede leer en la declaración de los testigos que es él quien le habría pagado a la abogada para que tomase el caso (que dicho sea de paso, es amiga de otra delegada de la UTI).

Por si fuera poco, la denuncia a raíz que esto llegó a los medios, delegados y dirigentes de la seccional 11 que conduce Adrián Grillo se encargaron de viralizarla por PAMI y además me acusaban de tener otras causas.

Mentiras tras mentiras para ensuciarme y tratar de alejarme de la lucha por las elecciones de comisión directiva que se iban a llevar el 25 de febrero, pero que inesperadamente el gremio decidió suspender. Como también nos proscribieron para las elecciones de delegado que ellos quieren llevar adelante el 31 de enero. Dicha elección se quiere llevar acabo incumpliendo el estatuto vigente del sindicato.

Por motivo de esta persecución gremial que sufrí por parte de la seccional 11, es que le he pedido al secretario general, Osvaldo Barreñada, que tome medidas y le pida la renuncia a todos los que se dedicaron a ensuciarme viralizando acusaciones falsas y sobre todo al Sec. Gral. de la seccional  11 que sin duda tiene la responsabilidad de toda acción que surja dentro de dicha seccional.