Por Demián Verduga.

La decisión produjo, según los docentes consultados por Diario Z, un impacto demoledor en las familias y los alumnos. Fue informada en la última semana de clases. Muchos de estos jóvenes asisten jornada completa y almuerzan en la institución, con lo que además de lo educativo en algunos casos se trata de una subsistencia básica.

“Las escuelas implicadas en esta decisión son 13 en total”, le dijo a este medio Jorge Godoy, secretario de Educación Especial del sindicato UTE-Ctera. Godoy brindó números muy precisos sobre los jóvenes afectados. Explicó que en total hay 1.073 jóvenes mayores de 22 años los que asisten a las escuelas de educación especial. Sobre ese número, hay 200 que tienen discapacidad auditiva y 409 con discapacidad visual. “A estos dos grupos no les cambia tanto su realidad. Hay escuelas de formación permanente del adulto para quienes tienen estas dificultades”, contó Godoy.

El problema más grave, contó el sindicalista, lo tienen 464 jóvenes mayores de 22 años que asisten a estas escuelas y sufren discapacidad intelectual. “No hay una escuela de formación permanente para ellos. Los arrojan al abismo”.    

“Se modifica un régimen de todos los días que incluye transporte, comedor y, en algunos casos, doble jornada, por un taller de dos horas dos veces por semana. Eso no es formación permanente del adulto.”

Jorge Godoy, secretario de Educación Especial de UTE-Ctera.

“Sin planificación previa se les avisó a las familias que a partir del año que viene entrarían en una instancia diferente de su formación -explicó Godoy-. Se amparan en la resolución 155 del Consejo Federal de Educación. Esa normativa establece que la educación integral para las personas con  discapacidad finaliza a los 22 años y después deberían pasar a una instancia de educación permanente para adultos. El tema es que eso no existe”.

“Es un ajuste presupuestario”

Uno de los impactos más graves para los alumnos y el núcleo familiar es el cambio en las rutinas. “Se modifica un régimen de todos los días que incluye transporte, comedor y,  en algunos casos, doble jornada, por un taller de dos horas dos veces por semana. Eso no es formación permanente del adulto. Nosotros creemos que para los adultos con discapacidad intelectual debe haber una propuesta que acompañe el proceso de inserción en el mundo laboral, que acompañe la inclusión en espacios de la vida diaria”.

La escuela especial número 54 está dedicada para personas discapacidad visual.

“Quedarían en un limbo -remarcó Godoy-. El gobierno porteño no ha propiciado espacios de inclusión laboral y de pasantías para estos jóvenes. Venimos de años sin una política en este sentido”.

Al ser consultado por el trasfondo de la decisión informada por el Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña, Godoy sostuvo que el objetivo es netamente producir un recorte. “Es un ajuste presupuestario porque muchos de estos jóvenes tienen transporte y comedor”.

“Una mamá me contó que su hija, de 20 años, le dijo que no quiere cumplir más años. Esa frase ayuda a dimensionar el impacto que tiene en estos jóvenes tener que dejar de golpe de ir a la escuela.”

Jorge Godoy, secretario de Educación Especial de UTE-Ctera.

“Además -agregó el sindicalista- la ley de prestaciones básicas que rige a las obras sociales contiene la escolaridad de niños y jóvenes con discapacidad. Entonces, con esta decisión, las familias tendrán que buscar ese tipo de recurso y esta parte de la educación especial iría al sector privado.”

Godoy sostuvo que los docentes “están de acuerdo” en que en algún momento los alumnos “tienen que egresar”. “Es un corte que tiene que darse en algún momento. Pero de esta manera los arrojan al vacío. La edad es un tema a debatir. La escuela se debe pensar desde las trayectorias individuales. Y el paso siguiente al final de un proceso de formación es la salida laboral”.

Para ejemplificar, el referente de UTE contó una anécdota que ocurrió esta semana con un grupo de familiares que fueron a la Legislatura porteña para reclamar por esta reducción en la edad. “Una mamá con la que fuimos me contó que su hija, de 20 años, le dijo que no quiere cumplir más años. Esa frase ayuda a dimensionar el impacto que tiene en estos jóvenes tener que dejar de golpe de ir a la escuela.”

“Todo esto se va a terminar en nombre del ahorro”

Diana Rocatagliata es licenciada en Educación Especial. Hace casi 20 años que trabaja en las escuelas públicas porteñas dedicadas a esta especialidad.  “El objetivo principal es el recorte presupuestario”, le dijo a Diario Z-: Apunta a ahorrar desde lo económico. Porque la base es quitar el comedor y el transporte.”

Al referirse al impacto de esta medida en sus propios alumnos, Rocatagliata sostuvo que “es un corte en el camino que emprendieron. Si una persona logra insertarse en el mercado laboral sigue su camino, pero, si no, queda a la deriva. Los cupos laborales no se cumplen. Las personas con discapacidad que no logran insertarse, una vez que se dejan la escuela, terminan en centros de día. Esos espacios tienen un enfoque de salud. Lo pedagógico no está”.

“Muchos todavía no alcanzaron una madurez como para la escuela los abandone. Todavía pueden incorporar muchas herramientas”.

Diana Rocatagliata, profesora de Educación Especial.

Sobre la edad elegida para el corte, 22 años, la docente sostuvo que “muchos todavía no alcanzaron una madurez como para la escuela los abandone. Todavía pueden incorporar herramientas. Nosotros, cuando pensamos los talleres, los hacemos desde el deseo de los alumnos. Todo esto se va terminar en nombre del ahorro”.  

Rocatagliata destacó que la angustia con la medida alcanza a las familias  y los docentes. “No fuimos consultados, como en tantos otros asuntos que hacen a lo educativo. Ni siquiera se encaró esto como un proceso, avisándolo con más tiempo.

El soporte normativo en el que se ampara la decisión está siendo forzado, según la docente. “La resolución del Consejo Federal (la 155) no dice que deben dejar de ir a las escuelas a los 22 años sino que deja de ser obligatorio”.

A tono con lo que mencionó antes Godoy, Rocatagliata destacó que en las escuelas de formación especial “hay una gran diversidad de población. Algunas alumnos son de familias de clase media que quizás tengan obra social para sostener una continuidad en otro lado. Pero hay otras escuelas que trabajan con población muy vulnerable, que a lo mejor pierden la comida del día”.