Luego de más de seis meses de demora, finalmente el Ministerio de Trabajo decidió no darle lugar al reclamo presentado por la lista Verde y Blanca por fraude electoral en las elecciones de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA).

El fallo generó una gran polémica, porque previamente se había producido la filtración indeseada de un proyecto de resolución original, donde sí se daba por válida la denuncia presentada por la agrupación liderada por Leonardo Salom acerca de la existencia de múltiples irregularidades.

Hay que recordar que el recuento provisorio de los comicios del 2 de marzo pasado dio como ganador a la opositora lista Verde y Blanca, por 818 contra 809 del oficialismo.

Sin embargo, luego de tomarse una semana de tiempo para contar menos de 1.900 votos, en el recuento definitivo el oficialismo se autoproclamó ganador.

Cómo se llegó al polémico fallo

A partir de ahí comenzó una serie de hechos. Uno de los más importantes es que en el expediente electrónico que tramita el proceso electoral hay un dictamen y un proyecto de resolución del martes 16 de Agosto.

Allí, con la firma de César Ceresa, director de Gestión Documental, se detallan todas las irregularidades de las elecciones, como proscripción de trabajadores de la AGP y robo de votos de Tierra del Fuego.

Y se avala lo solicitado por la lista Verde y Blanca, declarando la nulidad de las elecciones. Además, ordena a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales avanzar con un nuevo proceso electoral.

Dos semanas después de la elevación de esos documentos, el jueves 1 de septiembre, sin ningún tipo de argumentación legal, la Directora General de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Silvia Cruz, solicita rever el criterio vertido en el dictamen, dejando este pedido por escrito dentro del expediente.

Una semana más tarde, el jueves 8, aparece en el expediente un nuevo dictamen, esta vez firmado por Florencia Lorefice, directora de Dictamines, contradiciendo el dictamen y el proyecto de resolución del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, originalmente aprobado.

Finalmente, el viernes 16 del mismo mes el titular de la cartera laboral firma una resolución en línea con el dictamen que modificaba la decisión original.

La principal duda que surge desde la agrupación de Salom es por qué el Ministerio de Trabajo desconoció los criterios de sus propios funcionarios. Eso haría suponer que en el giro entre la recomendación técnica y legal, y la resolución política, existe un claro tinte polémico.

Las irregularidades en las elecciones en APDFA

En ese sentido, los apoderados de la Verde y Blanca evaluaron que «la política metió la cola» y se impuso por sobre el análisis jurídico del reclamo. En concreto, apuntan a otro gremio del sector, que ahora «anexó» a APDFA y lo coordina desde un ámbito externo.

Respecto a las irregularidades que habrían ocurrido en las elecciones, se denunció por ejemplo la no entrega de boletas y padrones, y también el hecho de que habrían sido fraguados los padrones.

Esa maniobra habría sido realizada para dejar afuera a simpatizantes de la Verde y Blanca e incorporar, en acuerdo con el oficialismo, a afiliados de otras representaciones gremiales.

Las anomalías llegaron al extremo de que la abogada del gremio, Verónica Quinteros, se presentó en una urna de votación y ofició como fiscal del oficialismo ad hoc, por lo cual fue intimada a retirarse por la Prefectura Naval Argentina y denunciada por obstruir el acto eleccionario.

Además, la abogada ya fue acusada de desmanejos financieros en APDFA, de ejercer como verdadera secretaria general y de falta al código de ética profesional.