Ala mañana siguiente del intento de asesinato a Cristina Kirchner, Pablo Moyano se abrió paso entre dos custodios de brazos anchos y enfiló hacia su despacho en el tercer piso de la CGT. Lo esperaba su tropa de aliados y tres dirigentes de la CTA identificada con el kirchnerismo. También estaba Hugo, su padre, quien esta vez se ubicó del otro lado del escritorio, mezclado como uno más entre el resto de los once asistentes. Debían definir una postura común para impulsar en la reunión de consejo directivo que comenzaría unos minutos después, en el 4° piso. Se acordó plantear un paro con movilización a la Corte Suprema, una idea que surgió de Vanesa Siley, Walter Correa y Hugo Yasky, pero como ya se sabe nunca prosperó por la falta de adhesión de las otras tribus sindicales.

La decisión de Alberto Fernández de decretar feriado y la movilización a Plaza de Mayo en rechazo al ataque contra la vicepresidenta descomprimieron el debate y las diferencias. Sin embargo, las consecuencias de esa discusión aún abierta sirven hoy para comprender mejor la relación de fuerzas en el rompecabezas sindical y marcan un límite hasta dónde puede llegar la influencia kirchnerista entre los representantes de los trabajadores.

Mandan hoy en la CGT “los Gordos”, encabezados por Héctor Daer (Sanidad), y el sector autodenominado “independiente”, integrado por Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (AySA). Se trata de dirigentes longevos y más racionales, que fueron menemistas, kirchneristas, algunos macristas, y hasta hace poco albertistas. Ellos entienden desde años el sistema capitalista y promueven más el diálogo que el combate. “Para que haya empresas, debe haber trabajadores. Necesitamos que la política asuma la responsabilidad de no estar en la discusión de palacete y que genere iniciativas, que no improvise más”, le enrostró la semana pasada el jefe de la Uocra al Presidente en un acto en la Cámara de la Construcción. Fue casi un revival del episodio de la lapicera. El mensaje esta vez fue también para la oposición.

Tal vez por una cuestión generacional, aunque también por la desconfianza que une el vínculo con su hijo mayor, Hugo Moyano se suma cada vez con más asiduidad a las charlas secretas que convocan Martínez, Lingeri y Rodríguez. El jefe camionero habló por teléfono con ellos antes de convencer a su hijo Pablo de que no era conveniente activar una huelga y marchar hacia la Corte, el blanco favorito de Cristina en sus hipótesis de lawfare. “No te dejes llevar por estos”, le habría dicho Hugo a Pablo, según testigos, mirando de reojo a Yasky, Siley y Baradel, quienes el 2 de septiembre intentaron forzar a la CGT a tomar una medida de fuerza que jamás tuvo consenso pleno. Como el diálogo entre padre e hijo está a veces roto, el jefe camionero reforzó su recomendación a través de otros mensajeros. Finalmente, el freno a la propuesta kirchnerista evitó una fractura en la CGT. Héctor Daer y Pablo Moyano admitieron esta semana sus diferencias ante referentes de derechos humanos, aunque se encargaron de aclarar que el triunvirato cegetista, que también integra el barrionuevista Carlos Acuña, sigue por ahora intacto.

Pablo Moyano y Héctor Daer, entre Alejandro Amor y Laura Lorenzo, durante el encuentro con referentes de derechos humanos; en ese encuentro Moyano y Daer admitieron sus diferencias, pero ratificaron la unidad de la CGT

El kirchnerismo también encontró límites en el Congreso. La comisión de Legislación del Trabajo, en Diputados, avanzó en su intento de extender los plazos de prescripción para activar las acciones legales por créditos laborales como en la creación de los comités mixtos en las empresas, aunque ambas iniciativas difícilmente lleguen a debatirse en el recinto. Un desacuerdo legislativo que va mucho más allá del ámbito laboral y que trasciende la interna sindical, pero que desnuda las limitaciones del oficialismo.

A pesar de sentirse en inferioridad para imponer su agenda, Pablo Moyano no está dispuesto a irse de la CGT. Descolocó a sus pares cuando en la cumbre virtual por el Consejo del Salario rompió la armonía de la negociación con insultos a los empresarios y una demanda de elevar a $90.000 el sueldo mínimo. Unas horas más tarde, sin embargo, avaló una cifra bastante menor. “Es impredecible”, intentan justificar desde su entorno. Sucedió algo parecido cuando asistió a la cita con el embajador de los Estados Unidos. Vociferó contra empresas de capitales americanos, algunas de ellas preocupadas por los bloqueos que suele activar, pero simpatizó con Marc Stanley, al que calificó amistosamente de “más peronistas que algunos de los nuestros”.

Moyano barnizó su perfil radicalizado y estrechó su alianza con el kirchnerismo desde que fue relegado por su padre en Independiente y desde que no talla en el manejo cotidiano del gremio. Hoy su rol de cosecretario general de la central obrera le resulta útil como base de poder. Blindó el tercer piso de Azopardo con cámaras de seguridad y patovicas, y montó allí su centro de operaciones. Suele escuchar a Paco Manrique, del Smata, y a Omar Plaini, de Canillitas, con quienes irá el viernes próximo a Comodoro Py a respaldar a Cristina durante su alegato en el juicio de Vialidad. Impulsó además junto con ellos la demanda de una suma fija por decreto ante la inflación indomable, pero la conmoción por el ataque a la vicepresidenta postergó por ahora los reclamos. La CGT que él encabeza luce hoy con la guardia baja ante la pérdida del poder de compra de los salarios y ante el ajuste a ritmo de machete que imponen Sergio Massa y el FMI. Cada gremio reabre su propia paritaria y es una suerte de sálvese quien pueda.

“Por mucho menos, Hugo rompió con Cristina”, evalúa un incondicional del patriarca camionero, que cuestiona el liderazgo de Pablo por la falta de un plan y una estrategia. “Hugo se alió a Néstor y Cristina, pero cerraba la mejor paritaria, tenía el Refop [un subsidio al transporte de cargas] y manejaba el ministerio de Transporte. Ahora ni siquiera diputados propios tenemos y somos la fuerza de choque de La Cámpora”, se lamenta el mismo dirigente. Por lo menos, Pablo ya dio puertas adentro un gesto de austeridad que calmó a su tropa: avisó que romperá la costumbre familiar y esta vez no irá al mundial de fútbol. Teme un señalamiento de aquellos privilegiados que viajen a Qatar.

Tal vez en un nuevo guiño al kirchnerismo, amagó hace poco con una protesta contra Horacio Rodríguez Larreta por el convenio colectivo de 500 choferes que se desempeñan en el servicio de grúas en la Ciudad. El reclamo se desinfló porque nunca hubo conflicto. El jefe de gobierno porteño evitó de antemano una pelea con Camioneros en tren de no alterar su proyecto presidencial: cedió en la letra chica del pliego de licitación y avaló de alguna manera la denominada “ley Moyano”, que prevé el despido, indemnización y contratación inmediata del personal enrolado en el convenio colectivo 40/89 cuando una empresa cambia de manos y se traspasa al personal. Privilegios obtenidos por su padre y que vienen desde los tiempos de Macri.

Pablo Moyano mira distante y de reojo la salida de su padre de la gestión deportiva en Independiente y cómo lleva adelante la administración del sindicato, que con unos 214.000 afiliados sigue siendo uno de los más poderosos del país. En lo relativo al club de Avellaneda, los sindicalistas dejarán en octubre la entidad con un pasivo de $4594 millones, según el balance contable que se aprobará el 27 del mes en curso. Son casi mil millones más de déficit que en 2021. El bancario Sergio Palazzo juega aquí en tándem con los Moyano.

De Independiente, sin embargo, lo que más le preocupa a Pablo Moyano es que haya un desenlace inesperado de la causa judicial en la que fue acusado por liderar una asociación ilícita junto con otros dirigentes y la barra brava. Moyano ya fue sobreseído por la jueza suplente Brenda Leticia Madrid, pero el fallo fue apelado por el fiscal Sebastián Scalera. Además, un tramo del mismo expediente se encuentra frenado desde hace meses en la Casación bonaerense a la espera de ser elevado a juicio oral. Desde siempre, apeló a dos argumentos de defensa. Uno reivindicativo, diciendo que Macri lo quería preso por haber activado una huelga en rechazo al intento frustrado de una reforma laboral. El otro, tal vez más fáctico, fue el testimonio del exjuez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, que tuvo originalmente el caso y que denunció a dos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia por hacerle llegar un mensaje de que Macri estaba “interesado en la investigación en torno a la familia Moyano”.

Daniel Llermanos, abogado de los Moyano, confía en que se ratificará el sobreseimiento de su cliente. “La causa comienza de manera ilegal, con una denuncia anónima”, dice Llermanos, y busca demostrar que el expediente fue urdido por “la mesa judicial de Cambiemos” en la provincia de Buenos Aires: “Tenían la celda 13 de Melchor Romero toda cableada, lista para detenerlo. El caso está repleto de irregularidades”. La palabra final todavía está en la justicia.

El timón de Camioneros sigue en manos de Hugo, que está lúcido y activo a sus 78 años. Es él quien negocia y firma las paritarias, y es el quien lleva el día a día con las seccionales del interior. La preocupación principal es hoy el financiamiento de la obra social, que habría perdido miles de afiliados por la disminución de los servicios. Antes de la pandemia, en 2018, la prestadora médica de los camioneros perdía $1500 millones anuales y desde entonces hasta hoy es solventada con dinero del sindicato, según fuentes gremiales. La alarma financiera se extendió ahora al sindicato. Moyano ya le había advertido a Alberto Fernández de este déficit en una dura carta con reclamos. La factura también le cayó a Axel Kicillof, a quien le recordó haber contratado a sueldo a mil profesionales para montar 330 camas de cuidados intensivos en el Sanatorio Antártida con el fin de reforzar el sistema sanitario bonaerense. Hace poco, se activaron gestiones con Massa para que salga al rescate. El ministro de Economía ya dio una señal, aunque no solo para los Moyano: giró $24.000 millones para repartir entre las obras sociales sindicales. Todo sea por la paz gremial ante el ajuste y la inflación que devora salarios.

Pablo observa en silencio los movimientos de su padre, el dirigente sindical más poderoso e influyente de los últimos 25 años. Interviene poco en el gremio desde que tuvo un choque por el rumbo de la obra social con Liliana Zulet, la esposa de Hugo. Corrido, se considera de todos modos el heredero natural a pesar de las últimas derrotas en la CGT y de que Zulet construyó un holding de negocios vinculado al gremio del que él está al margen. La emancipación todavía no se concretó.