Nació en el año 1958 en instalaciones del Club Social de Viedma (hoy sede del Ipross). Ese día un grupo de 51   trabajadores estatales se reunió con el objetivo de constituir una entidad gremial que agrupara a todo el personal civil de la administración pública provincial.

El 1 de mayo de 1958 había asumido Arturo Frondizi como presidente de la Nación. En Río Negro, ese mismo día, accedía como primer gobernador provincial Edgardo Castello. Ambos dirigentes políticos pertenecían a la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI).

El impulsor, nervio y motor de la convocatoria constitutiva fue David Colombo Valle, empleado público del Consejo Provincial de Educación, quién a propuesta de los presentes presidió la asamblea.

Con 121 afiliados nacía en Viedma el Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Río Negro. La entidad gremial fue avanzando lentamente hasta constituirse en el gremio más numeroso de la Provincia

Es preciso recordar que durante la gestión de Carlos Goncalvez (1969-1971), la Comisión Directiva logró en el año 1969 que el gobernador militar de facto Roberto Vicente Requeijo a través del Decreto956/69 estableciera como “Día del empleado Público” el 24 de octubre de cada año, en recordación a la fundación de la de la organización gremial.

La norma legal determinó que esa fecha fuera no laborable y pago para todos los empleados públicos provinciales.

Actuando como Secretario General, Edgardo Ovidio Abrameto (1964-1965) el parlamento rionegrino sancionó el 6 de diciembre de 1965, la Ley 453/65 de creación de la Obra Médico Asistencial (OMA), que con modificaciones posteriormente se transformó en el actual Instituto Provincial del seguro de Salud (IPROSS). El proyecto fue elaborado por una subcomisión del Sindicato y dependía funcionalmente de la Caja de Previsión de Río Negro.

Durante el mandato de Rómulo Barreno (1972-1985) se adoptó la trascendente decisión de fusionar el Sindicato de Empleados con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), transformándose a partir de 1972 en una Seccional del nucleamiento nacional. Posteriormente la C.D. creó la Obra Social Sindical de la Institución.

Este 24 de octubre la institución gremial tendría que haber festejado, además del 62 aniversario de su fundación, el 51 aniversario de la conmemoración del “Día del Empleado Público”, sin asistencia al trabajo.

Pero no fue así. El exgobernador Alberto Weretilneck, a través de una inquietud presentada por el dirigente de ATE, Roberto Aguiar, tomó la decisión de derogar el Decreto de Requeijo y por consiguiente reemplazar la fecha de nominación del “Día del Empleado Público” establecida en 1969, para el 24 de octubre de cada año, por la del día” 27 de junio”.

En los fundamentos del Decreto 376/19, se consigna “que el 27 de junio de 1978, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), adoptó “el Convenio 151 y la Recomendación159, vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública”.

Seguidamente se indica que “en conmemoración al citado convenio, resulta pertinente efectuar la modificación del día del Empleado Público, instituyendo como “Día del Empleado Público provincial el 27 de junio de cada año”.

Lo lamentable de este despojo es la falta de conocimiento e ignorancia de la historia gremial argentina que demostró el impulsor del cambio. El dirigente de ATE, Roberto Aguiar.  Bastaba con estudiar el contenido de las resoluciones de la O.I.T. referidas al Convenio 151 y la Recomendación159, para enterarse que la legislación recomendada por el organismo internacional tenía muchos años de plena vigencia en la República Argentina.

La primera Ley obrera la presentó Joaquín V. González en 1905, estableciendo el “descanso dominical”.

 Desde la Secretaria de Trabajo y Previsión en 1945, a través del Decreto 1740, el coronel Juan Domingo Perón, generalizó el derecho a gozar de vacaciones pagas a los trabajadores de todos los sectores laborales.

Desde ese organismo comenzó a implantarse la concepción social de trabajo como un elemento dignificador y de ascenso social, introduciendo normas de índolelaboral que tuvieron por fin resguardar al trabajador y su familia.

En 1944, se crearon los primeros Tribunales del Trabajo en la Argentina.

Ese mismo año a través del Decreto 33.302, fueron consagrados por primera vez los conceptos de “estabilidad” en el empleo para todos los trabajadores de todas las actividades, la indemnización por despido, el salario mínimo y vital y el sueldo anual complementario, más conocido como aguinaldo.

Siendo Presidente de la Nación Perón en 1949 se reformóla Constitución Nacional de 1853. En el texto de la nueva carta magna “el derecho del trabajo”, obtuvo rango constitucional. Se adelantó 29 años a la recomendación de la O.I.T. Fueron incorporados también “el cuidado de la salud, y el bienestar personal de los trabajadores y sus familiares, a la seguridad social, al progreso económico y a la libre agremiación”. Los militares y los cómplices civiles del golpe del 55 la derogaron y dejaron como sustituto al actual artículo 14 Bis de la Constitución Nacional.

El gobierno justicialista, 25 años antes que la recomendación de la O.I.T. en 1978, dictó en el año 1953 la Ley 14.250 de “Convenios Colectivos de Trabajo” que se encuentra vigente con diversas modificaciones

 Es preciso que la conducción de UPCN recupere esa vieja conquista gremial. También en este autoritario atropello debe intervenir el parlamento de Río Negro. Los representantes del pueblo en la Legislatura deben devolver, a través de una Ley, como “Día del Empleado Público” el 24 de octubre de cada año. Los pueblos deben recordar a las personas que iniciaron un camino de lucha y progreso en el gremialismo patagónico.

 Sería bueno que ATE ahora con buena llegada al gobierno provincial, convoque a una reunión paritaria total e integral de toda la administración pública provincial donde participen representantes sindicales y políticos de los tres poderes del Estado rionegrino y organismos descentralizados, para terminar definitivamente con la lacerante realidad de la existencia de empleados públicos de primera, de segunda y de tercera categoría.

 Esa gran paritaria provincial, debe unificar en cada Poder, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, su respectiva grilla con un sueldo mínimo igualitario para la categoría de ingreso o inferior y un sueldo máximo similar como techo para la culminación de su carrera administrativa. Todo en consonancia con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Provincial.

También podría recordar a la señora Gobernadora que a los trabajadores estatales provinciales se les robó el Hotel Pilmayquen de Bariloche adquirido con sus aportes y contribuciones previsionales para entregárselo al Poder Judicial y pedirles la devolución a sus legítimos dueños.

Sería muy bueno que ATE y todos los gremios estatales, unidos incorporen en su agenda la actuación del gobierno radical cuando transfirió la Caja de Previsión al ANSES y cercenó la percepción del 82 por ciento móvil que venían recibiendo los trabajadores estatales por imperio de la ConstituciónNacional, Provincial y la Ley del Estatuto del Empleado Público Provincial.

Pero lo más aberrante e incalificable contra los empleados públicos provinciales lo concretaron los representantes del pueblo en el parlamento de Río Negro. En el año 2008, los diputados sancionaron una Ley otorgando el 82 por ciento a jueces y funcionarios del Poder Judicial rionegrino. Excluyeron de un legítimo derecho a los servidores públicos y beneficiaron a un sector gratificado con insultantes remuneraciones, irritantes privilegios y otras canonjías exclusivas.

Son temas pendientes que los gremios estatales, en unidad de acción y pensamiento deben incorporar en su agenda de trabajo para alcanzar la dignidad y la justicia entre los servidores del Estado provincial.Los principales ejes del reclamo son: Equivalencia salarial, entre los tres Poderes del Estado. 82 por ciento móvil y Estatuto Único para todos los empleados públicos, como lo indica la Constitución Provincial.

Por Héctor Jorge Colás