La difícil situación que atraviesan decenas de familias de trabajadores del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), en virtud de las cuotas que deben abonar al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por las unidades recibidas en febrero de 2018, sumó un nuevo capítulo luego de que el titular del gremio, Alfredo Béliz, enviara una nota al presidente del Instituto, Carlos Simionati, exigiendo “mitigar la situación” de incertidumbre en la que se encuentran los afiliados.
Ello, ante la exigencia del pago de cuotas que ascienden, en algunos casos, a los 23 mil pesos mensuales con el sistema de amortización francés, a 25 años, o bien de poco más de 9 mil pesos bajo el Plan UVI, cuyo incremento se rige por el precio de los materiales de la construcción y la inflación.
“Es por eso el descontento y la preocupación con el plan UVI ya que nos castiga fuertemente, teniendo en cuenta que para este año también se espera una inflación con índices superiores al 40 por ciento”, planteó el dirigente sindical.
A su vez, los afiliados mantienen diálogos con la defensora del Pueblo de Chubut, Claudia Bard, a fin de elevar sus peticiones a través de todos los canales posibles y en vista de encontrar una urgente solución, dado que las primeras cuotas debían abonarse en el mes de marzo.
Cuotas “impagables”
En esta línea, el secretario general del Sindicato Empleados de Comercio se reunió con los concejales Andrea Moyano de Puerto Madryn, Oscar Villarroel de Trelew, y con la diputada provincial Gabriela De Lucia, buscando una solución a la situación que están atravesando los trabajadores que recibieron sus casas a través del Instituto Provincial de la Vivienda y que tienen cuotas que en muchos casos superan el 40 por ciento del salario. Las unidades fueron entregadas por el gobernador Mariano Arcioni en febrero de 2018, y a las familias se les había dado un período de gracia de dos años; en febrero pasado, los beneficiarios comenzaron a recibir las notificaciones en las que se los instaba a optar por los dos sistemas de pago, el plan UVI, y el de amortización francés, con cuotas superiores a los 23 mil pesos y a 25 años, por lo que el precio de una vivienda del IPV terminaría siendo mayor al de cualquier inmueble adquirido a través del mercado inmobiliario, en el caso de la ciudad del Golfo.
Descontento y preocupación
Con las nuevas formas adoptadas por el IPV, el sistema de cálculos para el cobro de cuotas afectaría notablemente la masa de afiliados de Comercio, considerando que tanto el sistema de amortización UVI, como el francés, pueden llegar a cubrir entre un 30 por ciento y un 70 por ciento del salario básico de un empleado del rubro, para el pago de la cuota de la vivienda.
“El gremio que represento ha entregado en las localidades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn más de 2 mil planes de viviendas, es por eso el descontento y la preocupación con el plan UVI ya que nos castiga fuertemente, teniendo en cuenta que para este año también se espera una inflación con índices superiores al 40 por ciento”, mencionó Béliz.
Una erogación excesiva
La incidencia de la cuota de la vivienda en la canasta básica también es algo que genera preocupación entre los afiliados al gremio, cuya situación es similar a los de los trabajadores municipales de Puerto Madryn, nucleados en el SEyOM, y algunas familias de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Actualmente, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños en edad escolar necesita, según los requerimientos de la zona patagónica, más de 55 mil pesos mensuales para cubrir la canasta básica; es decir que, prácticamente, la mitad de dicho monto sería destinado a la cuota de la vivienda. “Hemos presentado una nota al Presidente del instituto provincial de la vivienda, arquitecto Carlos Simionati, solicitando una audiencia, y creemos que es importante convocar a un consenso amplio, entre los actores políticos y las instituciones, para mitigar esta situación de carencia que aqueja al SEC, en pos del bienestar general”, remarcó Béliz
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