El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó que esta reducción representa un ahorro anual de US$ 1.650 millones para el Estado.  

"Son menos impuestos para todos nosotros", declaró Sturzenegger en sus redes sociales, destacando que estos recortes forman parte de una política de superávit fiscal. "Este trabajo, columna vertebral de la política indeclinable de superávit fiscal, es tarea de todo el gobierno", agregó.  

El informe detalla que, de las 42.034 bajas, 24.244 corresponden a la administración central y descentralizada, 13.711 a empresas del Estado y 4.079 a personal militar y de seguridad. Solo en febrero, 1.544 empleados estatales fueron desvinculados.  

Expertos en economía laboral señalan que despidos masivos en el sector público pueden impactar en la calidad de los servicios estatales y aumentar la precarización laboral. Según datos del Banco Mundial, una reducción abrupta del empleo público sin políticas de reinserción laboral puede generar efectos negativos en el consumo y la economía local.  

Mientras el Gobierno celebra el ahorro fiscal, sindicatos y organizaciones de trabajadores advierten sobre el costo social de estos despidos. "Cada puesto perdido en el Estado significa familias afectadas y menos capacidad para atender las necesidades de la población", afirmó un representante de la Asociación de Trabajadores del Estado.