"Es inadmisible que el derecho a la propiedad privada se imponga al derecho de enseñar y aprender”, cuestionó el gremio conducido por Patricia Cetera.

Ayer, los docentes encontraron la escuela sin ningún tipo de vigilancia, por esta razón y ante la inacción del Ministerio de Educación frente al no cumplimiento del compromiso asumido por el comisario del paraje, se vieron obligados a aceptar enviar a los estudiantes a la Residencia Escolar y Primaria de Valcheta, como una forma de preservar su integridad física.

De esta forma, UNTER denunció que “se afecta el proceso educativo y se quiebra el vínculo entre educadores y educandos, pues  la directora y los docentes deberán volver a sus lugares de origen, sin poder terminar el ciclo lectivo junto a sus grupos”.

“Resulta alarmante que una institución pública, como una escuela hogar de más de 90 años de existencia, centro fundamental para la actividad del paraje, deba cerrarse por imposición de un particular que se arroga derechos como propietario”, criticaron.

De nada valió el acuerdo concertado entre la comunidad educativa, integrantes de UNTER, el vocal de Junta de Clasificación y autoridades del Ministerio de Educación. En esa oportunidad, analizaron diferentes alternativas para resolver esta problemática, frente al hostigamiento del poblador, quien corta sistemáticamente el agua potable y amenaza con prender fuego la escuela.

Por la gravedad de los hechos, UNTER exigió la rápida intervención de la Justicia, para tener respuesta a la denuncia penal realizada por el Ministerio de Educación ante las amenazas del hombre, identificado como “Tito” Bruce. Además, se requirió la inmediata reapertura de la escuela, ya que, en la reunión, se logró solucionar hasta fin de año la provisión de agua, gracias al aporte solidario del propietario de otro establecimiento rural cercano.

“No aceptaremos el cierre de ninguna institución educativa más, que implica el éxodo y el desarraigo de las familias que luchan por mantenerse en su territorio; o el abandono y la desescolarización de niños y jóvenes de sectores populares con alto grado de vulnerabilidad económica y social”, denunció UNTER.

Señalaron además que “el derecho social a la educación en los parajes está en riesgo, por múltiples razones. Es obligación del estado garantizarla, mucho más frente al capricho y la falta de sano juicio de un particular, quien no puede decidir, bajo ningún concepto, el cierre de una escuela. En tiempos tan complejos, es fundamental continuar la defensa de los derechos humanos, frente al avance de la propiedad privada y los intereses individuales”.