Por Mariano Martín

La CGT comenzó a prender velas para que su profesión de fe política a favor de Sergio Massa le vuelva en unos $80 mil millones destinados a financiar sus obras sociales antes de las elecciones. Por lo pronto consiguió del ministro de Economía un compromiso de distribuir $20 mil millones en el corto plazo, una vez encaminada la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La negociación transita contra reloj para los gremialistas que saben que el destino de transferencias por un total de $132 mil millones depende, en última instancia, del resultado electoral de Unión por la Patria.

El auxilio quedó plasmado en el Presupuesto 2023 pero sin la suficiente constancia de que su destino serán las obras sociales sindicales. De ahí la urgencia de la CGT por hacerse de la mayor parte de esos recursos antes de un desenlace electoral. Los fondos son una asistencia directa del Tesoro nacional a favor de las prestadoras de salud de los gremios en compensación por el desfasaje que representó en los últimos años (en particular a partir de la pandemia de coronavirus) el crecimiento exponencial en los costos de los tratamientos por discapacidad, en particular los servicios de educación y transporte para esos afiliados.

Reembolso

Ese descalce elevó el peso de la atención a los discapacitados de un valor marginal de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución a cerca del 70% del total. Y de esa porción mayoritaria, al menos la mitad la insumen los servicios de traslado y educativos, según coinciden en la central obrera y en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano oficial encargado de administrar los recursos del FSR. Históricamente ese fondo debía acudir a reembolsarles a las obras sociales el valor de los tratamientos y remedios más costosos.

El planteo al respecto comenzó en 2021 con una negociación mano a mano de la CGT con Alberto Fernández. En esa oportunidad el Presidente aceptó por primera vez en la historia reciente brindarles una compensación a las obras sociales por fuera del FSR, que se integra con una reserva de los aportes fiscales de las propias organizaciones de salud sindicales. El compromiso entonces del jefe de Estado era inyectar fondos públicos directamente al sector provenientes del Tesoro nacional bajo la lógica de que los mayores gastos que debían afrontar las obras sociales no tenían que ver con prestaciones estrictamente de salud sino los otros servicios conexos para discapacitados, lo que para los protagonistas del sector generó el agotamiento del FSR.

La conversación con la CGT dio como fruto un primer compromiso de Alberto Fernández de girar del Tesoro $11.500 millones en 2021 y algo más del doble el año siguiente. En ambos casos, siempre según los gestores de la central obrera, los desembolsos fueron tardíos y menores a lo charlado. De ahí que para 2023, y sobre la base de la escalada inflacionaria y los incumplimientos de los dos años anteriores, el Gobierno y los gremios convinieran en un monto de $132 mil millones como reaseguro para el financiamiento del rojo de las prestadoras.

En lo que va del año los giros brillaron por su ausencia. En una nota preparada por José Luis Lingeri, secretario general de Obras Sanitarias y principal referente de CGT en la materia, ante la SSS con destino final en Economía, el déficit proyectado a julio supera los $77 mil millones. Según la central obrera, a partir del agotamiento del FSR los gremios debieron echar mano de recursos sindicales propios para financiar a sus obras sociales y evitar quebrantos así como juicios por denegatoria de prestaciones.

A ese reclamo Massa contestó por ahora con una promesa de pronto desembolso de $20 mil millones. La discusión quedó centralizada en el ministro candidato luego de que la CGT elevara una queja por las demoras y apuntara contra la ministra de Salud, Carla Vizzotti, como supuesta responsable. Zanjado ese supuesto escollo el Gobierno tuvo otro mayor para explicar las dilaciones: el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo pendiente.

Así los dirigentes de la “mesa chica” de la central siguen con interés particular el desenvolvimiento de la misión de Economía ante el organismo multilateral bajo la premisa de que el acuerdo al parecer inminente también los beneficiará con fondos demorados. En su visita de la semana pasada a la CGT el candidato de Unión por la Patria intentó llevarles tranquilidad a los dirigentes con un discurso ligado al sostén del poder adquisitivo de los salarios y de reivindicación del valor social del denominado “sistema solidario” de sus prestadoras.

Tesoro

Pero en este último punto Massa se enredó con sus propias palabras: primero dijo que en caso de ganar las elecciones promovería una mayor “integración” de los sistemas público, privado y solidario de salud, una terminología que asustó a varios dirigentes por remitirles al ideario en la materia de Cristina de Kirchner, lo que a juicio de la CGT implica un avance sobre el gobierno de sus obras sociales. Y luego prometió desandar “regulaciones que benefician a cuatro vivos y perjudican” a las prestadoras. Los sindicalistas consultados por este diario admitieron desconocer a qué se refería.

Menos confuso les sonó cuando el propio líder del Frente Renovador les aclararía que tenía en gateras un desembolso de $20 mil millones como primera compensación del año con fondos del Tesoro. Una suerte de devolución de gentilezas luego de que la CGT se encolumnara en su totalidad detrás de la candidatura de Massa. Pero incluso así en la “mesa chica” de la central aclararon que si el Gobierno cumpliera con sus garantías de pago y sostén financiero debería triplicar ese auxilio en el corto plazo.