El titular de la AMAP, Héctor Garín, se refirió a la perdida millonaria del Estado por las políticas laborales que implementa el Gobierno. Hubo conversaciones con Héctor Daer, jefe de la Sanidad y de la CGT.
La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, según un informe elaborado por la propia organización que conduce Héctor Garín, el Estado deja de recaudar cerca de diez mil millones de pesos por año porque el 40% de médicos en Capital Federal y 95% en el interior trabaja en negro “y como consecuencia de esto los empresarios de la salud dejan de aportar”.
La AMAP conversó con uno de los actuales jefes de la CGT, Héctor Daer, y también titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, quien le “sugirió trabajar en el sentido de registrar a los médicos del sector y ver el mecanismo para no generar cierres de clínicas y sanatorios por razones económicas o financieras, por medio de un proyecto de ley de perdón o de moratoria impositiva”. Por esto último, el Ministerio de Trabajo y la CGT conversan sobre la problemática de las clínicas, y para recordar, que la Confederación General del Trabajo le redujo el monto de la deuda de las Obras Sociales en 8 mil millones de pesos para que el Estado los utilice en financiar los hospitales públicos.
El Secretario General de la Asociación sindical, narró como fue el decrecimiento del sistema de índices laborales en la actividad y lo emparentó con el cambio de autoridades en la AFIP (hoy Alberto Abad). “A fines de 2014, la AFIP convocó a la AMAP y a las cámaras que nuclean a las empresas de salud para informarles que dictaría una resolución que reglamentaría la contratación de personal médico en relación de dependencia de acuerdo al número de camas de las entidades sanitarias privadas. La normativa debía llevar el nombre de indicador mínimo de trabajadores de establecimientos sanitario” y agregó que “cada 100 camas debían existir 173 médicos”. Luego, según Garín (quien durante el 2015 denunció muchas veces la precariedad laboral en el rubro) , con el cambio de Gobierno, las nuevas autoridades de la AFIP “no vieron posibilidades de avanzar –o no quisieron– con el tema, pues las sanciones que se dictaminaran por incumplimientos de la ley no podrían aplicarse por la Ley de Emergencia Sanitaria (Decreto 486/2002)”.
“Muchas organizaciones médico-gremiales, no sindicales, que debieran velar por el bienestar del médico, no lo hacen porque son dueños o administradores de muchas de las clínicas, sanatorios o empresas de ambulancias. No es que sean cómplices de los empleadores de los médicos sino que ellos son parte las cámaras o del grupo de empleadores de nuestros colegas”, disparó Garín.
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