La medida, firmada en silencio el jueves por la noche, permite a más de 30 agencias gubernamentales —incluyendo los departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Salud— terminar con las negociaciones sindicales bajo el argumento de "seguridad nacional". Según datos oficiales, casi el 30% de los empleados federales están sindicalizados, lo que afectaría a más de un millón de trabajadores.  

"Esta orden es ilegal y un castigo contra los sindicatos que luchan contra los despidos masivos de este gobierno", declaró Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE).  

La AFL-CIO, la mayor central obrera del país, también rechazó la medida. "Anula el derecho fundamental a organizarse y negociar colectivamente", afirmó su presidenta, Liz Shuler, quien acusó a Trump de buscar silenciar a los sindicatos.  

Shawn Fain, líder del poderoso sindicato automotriz UAW, calificó la orden como "un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los trabajadores a decidir sobre sus empleos". Por su parte, Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Sobrecargos (AFA-CWA), advirtió: "Es hora de que el movimiento laboral se levante con todo lo que sea necesario".  

El precedente más claro es el de Ronald Reagan, quien en 1981 despidió a 12,000 controladores aéreos en huelga, debilitando por décadas al movimiento sindical. Hoy, la tasa de sindicalización en EE.UU. es de apenas 9.9%, la más baja en la historia moderna.  

Diputados demócratas como Greg Casar y Jamie Raskin denunciaron que la orden busca "entregar los derechos laborales a los multimillonarios" y advirtieron que seguirán resistiendo en el Congreso y las calles.  

Mientras el gobierno de Trump insiste en que la medida protege al país, los sindicatos preparan batallas legales y movilizaciones masivas. Según The Guardian, esta podría ser solo la primera ofensiva contra los trabajadores organizados.