Gremios estatales nucleados en la Intersindical de Jujuy solicitaron al nuevo gobernador de la provincia, Carlos Sadir, propiciar las condiciones para obtener un “diálogo genuino” y discutir temas laborales y salariales pendientes a resolver en el sector de la administración pública.
Tras la asunción del flamante mandatario jujeño este domingo, los sindicatos hicieron un balance de la gestión del exgobernador Gerardo Morales, con críticas a “la eliminación de las paritarias por una imposición salarial”, la “destrucción del salario real” y el rechazo a la “reforma de la Constitución provincial”, que sigue en vigencia.
En ese marco, Susana Ustarez, secretaria general de la Asociación de Personal de los Organismos de Control de Jujuy (Apoc), refirió este lunes en una conferencia de prensa, realizada en pleno centro de la capital jujeña, que pidieron una audiencia con el actual gobernador.
Y señaló que buscan “cristalizar el dialogo que él mismo ofreció, pero queremos un dialogo genuino, documentado y transparente, respetuoso de las instituciones sindicales. Creo que podemos transitar un camino de mayor dialogo para encontrar soluciones”, señaló.
La dirigente sindical hizo a alusión además al documento presentado por los trabajadores, que “no es coincidente" con el informe presentado por las autoridades provinciales salientes, en relación a las dos gestiones que encabezó el radical Morales.
“Los empleados estatales en ese tiempo no tuvimos paritarias genuinas, nuestro salario se deterioró en su capacidad adquisitiva y de consumo, debido a que todos estos años hubo imposiciones y no verdaderas negociaciones”, consideró Ustarez.
Más adelante criticó la reforma de la Carta Magna jujeña, la cual acrecentó “la criminalización de las protestas con el armado de causas contravencionales y penales contra dirigentes, y creo ese no es el escenario a seguir”.
En otro tramo, los sindicatos jujeños repudiaron la ley que avala la creación de un coseguro complementario de salud en el ámbito de la obra social provincial, para una "cobertura del 100% en internaciones y prácticas quirúrgicas".
“La promulgación de esta normativa habilita un aporte adicional compulsivo a la obra social que no fue consultado y creemos no corresponde”, manifestaron para luego solicitar que “se pueda vetar la nueva ley provincial”.
Entre los “retrocesos” de las decisiones de Gobierno enumeraron además la “inexistencia de planes de acceso a tierras y viviendas” al indicar que “fueron 8 años en los que premiaron a sindicatos aduladores y condescendientes con las políticas antipopulares y antisindicales del oficialismo”.
“Planteamos la necesidad de que el estado provincial otorgue sin discriminaciones políticas, planes de acceso a lotes y planes de construcción de viviendas, las cuales lógicamente, los trabajadores y trabajadoras que representamos están dispuestos a pagar”, completaron finalmente.
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