Las diferencias entre los precandidatos de Juntos por el Cambio en materia laboral se disipan en una serie de puntos, con amplio margen de acuerdo interno, que planean impulsar en un eventual triunfo electoral. Entre ellos figura uno, clave, que amenaza con barrer la estructura que sustenta los derechos de los trabajadores de acuerdo a la normativa actual: la irrenunciabilidad. La modificación de ese concepto haría posible que un trabajador aceptara condiciones laborales menos favorables que las previstas en su convenio colectivo. Dicho de otro modo, sería un atajo para perforar el piso de derechos laborales sin siquiera, dicen en la fuerza opositora, pasar por el Congreso.

El eje de esa iniciativa, cuya base es similar al proyecto de reforma laboral malogrado de la gestión de Cambiemos en 2017, es el artículo 12 de la ley de Contrato de Trabajo (20.744) que establece: “será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”. Para los equipos de trabajo de JXC es posible vulnerar esa prohibición sin modificar la norma y sólo con una reglamentación de ese artículo, todavía pendiente desde su sanción, en 1974.

Se trata de uno de los puntos más destacados del debate interno cuando se reúnen los equipos de las usinas de pensamiento de la oposición: las fundaciones Pensar, del PRO, y Alem, de la UCR; el Instituto Hannah Arendt, de la Coalición Cívica, y Encuentro Federal, de los peronistas macristas liderados por Miguel Pichetto. La posibilidad de instrumentarlo sin necesidad de un trámite parlamentario destinado al fracaso con el peronismo es lo que más entusiasma a los dirigentes, e incluso sirvió de argumento para que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avisara que en su eventual gestión presidencial no avanzará con una reforma laboral con supresión de las normas vigentes.

Los técnicos que trabajan en las propuestas de campaña mencionan como ejemplo que si un asalariado quisiera trabajar menos días o hacerlo desde su casa en horario reducido a cambio de una rebaja salarial no podría hacerlo sin vulnerar el principio de irrenunciabilidad, y por lo tanto sin dejar expuesto a su empleador a un reproche judicial. Ese tipo de acuerdos proliferaron en los últimos años en paralelo con la precarización del mercado laboral y se intensificaron con la pandemia pero para Juntos por el Cambio su generalización, sin un respaldo normativo, es un caldo de cultivo para la litigiosidad laboral.

Los abogados laboralistas consultados por este diario coincidieron en que una reglamentación en ese tono podría ser objetada judicialmente por ir en contra del espíritu del texto normativo. En cambio, para sus impulsores, en particular el equipo laboral de Rodríguez Larreta, es un mecanismo para apuntalar una reforma liviana en lo enunciativo pero de fondo en lo conceptual, y sin despertar alarma generalizada en el sindicalismo como otras propuestas más radicalizadas.

Por algo la CGT difundió la semana pasada un comunicado para expresar “su absoluto rechazo a las propuestas electorales y políticas que ponen en riesgo la estructura fundamental de los derechos laborales, sociales y de la seguridad social vigentes” que son “principios constitutivos del sistema democrático”. El documento menciona las iniciativas “esbozadas con plena consciencia por los candidatos (José Luis) Espert, (Javier) Milei y Patricia Bullrich” y omite al jefe de Gobierno porteño.

La “mesa chica” de la central obrera se reunió semanas atrás con Rodríguez Larreta y con su subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, quienes ratificaron su promesa de no avanzar en una reforma laboral integral de carácter legislativo. El fin de semana Pablo Moyano salió a cuestionar esa reunión y también la omisión al alcalde metropolitano en el comunicado de la CGT. “No hay una derecha más ‘light’ o más blandita, es todo lo mismo. La misma propuesta que lleva adelante Milei, Bullrich y Espert, la lleva adelante Larreta, si dijo públicamente que hay que sacar las indemnizaciones”, dijo el camionero.

Aunque la flexibilización de la denominada irrenunciabilidad es presentada por JXC como un cambio sólo atinente al contrato individual, su aplicación esconde una modificación sustancial: representa un torpedo en la línea de flotación del derecho colectivo por habilitar instancias de negociación que lo convierten en meramente testimonial.

Ese punto junto a otros dos estaban en el corazón del intento reformista de 2017 que, paradójicamente, no avanzó por oposición de un sector de la CGT y porque Pichetto, en aquel momento la llave maestra del bloque del PJ en el Senado, avisó que no daría su aval a una propuesta que no contuviera la aprobación de la central obrera. Los otros dos ejes eran la modificación del mecanismo de multas por registración irregular de trabajadores o por empleo informal y un cambio de denominación en la concepción de trabajo en la ley para que pasara de un contrato entre dos actores desiguales (empleador, con más potestades, y asalariado, más débil) a un acuerdo entre pares.

Al menos el cambio en las multas permanece en la actual propuesta de la oposición y que Rodríguez Larreta blanqueó en varias oportunidades. También figura en los puntos debatidos por las fundaciones una generalización de los mecanismos especiales de indemnización similares al fondo de cese que rige en la construcción o a la denominada “mochila” que impulsa un sector de la Unión Industrial. En ese aspecto refieren que el mismo sistema que tiene la Uocra puede ser utilizado para el sector gastronómico y hotelero, también caracterizado por la alta rotación y la estacionalidad del trabajo, o para los guardavidas.