Por Mariano Martín

La CGT entró en receso formal pero sin abandonar sus permanentes gestiones por fondos para las obras sociales: mientras aguarda que el Gobierno cumpla este mes con el desembolso de $4 mil millones para completar un aporte extraordinario comprometido por Alberto Fernández por 2021, sus principales dirigentes iniciaron gestiones para alcanzar este año los $35 mil millones en subsidios del Tesoro nacional. Se trata de recursos públicos que por primera vez el Estado argentino inyecta en las prestadoras sindicales de salud en la historia del sistema, con el argumento de asumir el valor de las prestaciones por servicios de educación y transporte para los afiliados discapacitados y compensar el incremento de costos que sufrieron esas organizaciones durante la pandemia.

Las tratativas tienen como protagonista central al jefe de Gabinete, Juan Manzur, el principal interlocutor de alto rango que la CGT tiene en el Gabinete del Frente de Todos. Por la central obrera la gestión sigue en cabeza de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el secretario de Acción Social permanente de la organización. La discusión está signada por la desconfianza de la dirigencia gremial hacia el Ejecutivo por lo que entiende una respuesta históricamente insuficiente a sus planteos, con el agravante de al no ser un año electoral desaparece del horizonte el principal impulso de cualquier administración de contentar al sindicalismo tradicional. A ese escenario se le suma un escollo mayor: la falta de Presupuesto 2022, argumento que puso en juego La Cámpora hasta ahora para diferir cualquier compromiso.

El tironeo por recursos atravesó toda la pandemia. Desde el inicio los gremios tradicionales le hicieron saber al jefe de Estado de la predisposición para prestar infraestructura y material humano al combate contra el coronavirus. Y que esa colaboración debería tener alguna consideración por parte del Gobierno para salvaguardar las finanzas de las obras sociales. A diferencia de las prepagas, que cuentan con las cuotas de sus afiliados (y la ventaja de haber reducido al mínimo todas las otras prestaciones durante la crisis sanitaria) las obras sindicales cuentan con los ingresos de los trabajadores que, si bien se actualizan por paritarias, sufrieron los embates de la parálisis de la actividad durante meses, despidos masivos en algunos rubros y reducciones salariales por suspensiones.

En mayo del año pasado finalmente el Presidente garantizó un desembolso por $11.400 millones como aporte directo del Tesoro nacional, como reveló en exclusiva Ámbito al cabo de un almuerzo con la “mesa chica” de la CGT. Fue la primera vez en la historia que se tejió un desembolso de esas características. En septiembre el compromiso empezó a cristalizarse con una primera liquidación de $7.390 millones mediante la Decisión Administrativa 894/2021 firmada por el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Los $4.000 millones restantes la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano encargado de la distribución y el control de los recursos y los servicios de obras sociales y prepagas, resolvió aplicarlos al ejercicio 2022 durante este mes para evitar complicaciones administrativas.

El atajo que encontró el Gobierno para el respaldo económico lo ideó la propia central obrera: el rebalanceo presupuestario se resolvió a favor de las obras sociales para cubrirles un exceso de gastos en transportes y servicios educativos para sus afiliados discapacitados, dos de los rubros que insumen más recursos para las prestadoras de salud. Del primer compromiso de Alberto Fernández y las charlas posteriores quedó la premisa de que la asistencia se extendería en el tiempo, en particular mientras durase la pandemia. De ahí que los gremialistas ya comenzaron a fin de año las negociaciones por un nuevo salvataje en 2022.

A grandes rasgos el pedido para este año más que triplica lo comprometido por el Ejecutivo en 2021. Los que conocen al detalle la negociación le quitan dramatismo al número: alegan que es el monto que los propios funcionarios calcularon junto a los gremialistas que insumirá el transporte y la educación para el capítulo discapacidad. Y agregan que si bien el año pasado se pusieron a disposición $11.400 millones (de los que hasta ahora sólo se ejecutaron 7.000 millones de pesos) el gasto concreto por esos ítems trepó a $24 mil millones.

La discusión no llegó a un cierre auspicioso del año. Desde Economía se les informó a los gremialistas que la falta de sanción del proyecto de ley de Presupuesto 2022 obligaría a arrancar de cero las negociaciones. De hecho un funcionario le contó a este diario que Máximo Kirchner había llegado a incluir una primera partida de $ 7.000 millones de aportes extraordinarios a las obras sociales en la iniciativa oficial y que esa garantía inicial pasó a ser letra muerta con el fracaso legislativo del Frente de Todos.