El exespía presentó el planteo ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a quien le pidió que reclame a su colega de La Plata, Ernesto Kreplak, el expediente para que pase a tramitar junto a aquel en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales, sociales y hasta periodistas, según surge del documento al que accedió Télam.

Este es el tercer planteo en esta dirección, todos ante juzgados distintos: el propio De Stéfano le reclamó al juez Ariel Lijo que pida la causa para tramitarla junto a otra en la que se investiga el supuesto armado de causas contra Hugo y Pablo Moyano, mientras que otro exespía, Darío Biorci, hizo un planteo similar ante el juzgado federal 6 que hoy subroga el magistrado Daniel Rafecas.

“En ambas estudian la presunta utilización de la AFI a los efectos de perseguir a diversas personas, entre ellos sindicalistas es el más trascendente, pues evidencia un supuesto de conexidad en el plano objetivo”, sostuvo De Stéfano en la presentación que radicó junto a su abogado Diego León García Austt Arocena.

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa del exespía es que el elemento central de la causa que tramita en La Plata es una reunión realizada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia donde agentes de la AFI, funcionarios del Gobierno bonaerense que encabezaba María Eugenia Vidal y empresarios discutieron acciones tendientes a enjuiciar a dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción platense.

“El juez a cargo del Juzgado Federal de La Plata no es competente para investigar eventos que habrían sucedido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Es que verdaderamente, es resorte de cada jurisdicción investigar los hechos ocurridos en el ámbito de su propio territorio”, sostuvo.

El primer planteo inhibitorio presentado por De Stéfano en Comodoro Py –aún sin resolución- fue el que le formuló al juez Lijo en la causa en la que se investiga el supuesto armado de causas contra Hugo y Pablo Moyano.

En ese expediente, De Stéfano estaba imputado por haber ido a visitar al suspendido juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, para hablar sobre la eventual detención sobre los Moyano, pero fue sobreseído.

Fue en base a ese sobreseimiento que la querella de los Moyano sostuvo que De Stéfano siquiera estaba habilitado para hacer un planteo semejante, amén de que no había elementos objetivos ni subjetivos para reclamar la conexidad del expediente, opinión que fue compartida por la fiscalía.

Otro planteo similar fue presentado por Darío Biorci, exfuncionario de la AFI, en un expediente que tramita ante el juzgado federal 6 iniciado por una denuncia de Juan Pablo “Pata” Medina en 2019 en la que acusó a el expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora Vidal por presunto tráfico de influencias y por su privación ilegal de la libertad.

El fiscal que interviene en este caso es Carlos Stornelli, a quien este año el “Pata” Medina denunció por encubrimiento tras acusarlo de no haber investigado los hechos relatados.

Ante el planteo de Biorci, Stornelli opinó a favor de que la causa pase a Comodoro Py y sostuvo además que las defensas y querellas no debían ser consultadas en un incidente como este, algo que el juez Daniel Rafecas rechazó para poder dar vista a las partes involucradas en el expediente, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.

En la causa que tramita en La Plata se investiga, entre otras cosas, lo ocurrido en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, cuyo contenido se conoció a partir del hallazgo en la AFI de registros audiovisuales que fueron presentados ente la justicia por la actual interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.

A aquel encuentro concurrieron empresarios, directivos de la AFI y funcionarios del Gobierno de Vidal, además del senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro, también enrolado en ese espacio político.

A los imputados se los acusa de haber participado, durante el año 2017, en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de la época, tendiente a impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la Uocra seccional La Plata y allegados.

«La materialización de dicha estrategia se habría dado no sólo a través del aporte de elementos probatorios -tales como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otros- sino también de gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales, tendientes a producir efectos en ellos, que involucran actividades de inteligencia ilegal e infracción a disposiciones legales de orden procesal», según surge del expediente.