Por Mariano Martín

El exministro de Producción y Trabajo Dante Sica negó el carácter electoralista de un bono de $5.000 que en 2019 el Gobierno de Mauricio Macri debía destinar a desocupados y dijo haberle dado publicidad al beneficio, en respuesta a una causa judicial iniciada por una investigación de este diario sobre una medida diseñada e implementada en forma clandestina.

Lo hizo pasados más de dos años del arranque del expediente en un descargo que presentó ante el fiscal federal Ramiro González con el patrocinio legal de un abogado habitué de la mesa judicial de Cambiemos. El exfuncionario, además, omitió en el escrito las varias denuncias de intendentes del Frente de Todos sobre los ofrecimientos que sus opositores hacían de los pagos en plena campaña.

El descargo fue la primera referencia formal de Sica al sumario que inició el actual oficialismo ante la jueza María Servini, en base a la investigación de Ámbito, por la implementación de la Resolución 1177/2019 de Sica y de su secretario de Empleo, Fernando Prémoli, que derivó en la aplicación de 650 millones de pesos para el pago de 130 mil subsidios. La causa también investiga denuncias sobre la utilización de los beneficios para el reclutamiento de fiscales electorales de Juntos por el Cambio. El fiscal González, que heredó el expediente de su fallecido colega Jorge Di Lello, reactivó la investigación hace pocas semanas y con la premisa de avanzar primero sobre una supuesta violación al código electoral, la falta más leve que surge de la maniobra denunciada.

Pese a haber minimizado públicamente las denuncias y al escaso impulso judicial verificado hasta ahora, Sica se presentó en el expediente con un abogado defensor con reconocidas influencias en Comodoro Py: se trata de Manuel Izura, asesor de Germán Garavano en su gestión como ministro de Justicia de Macri, y antes secretario de Seguridad de Vicente López y apoderado de la Policía Metropolitana. El carácter de habitué de la “mesa judicial” de Izura fue expuesto por dirigentes de la Coalición Cívica como Mariana Zuvic e incluso la propia Elisa Carrió, quienes lo nombraron en varias oportunidades en un pedido de juicio político a Garavano.

En su descargo, Sica contestó inicialmente la acusación de una supuesta maniobra electoralista contenida en el llamado del fiscal. Al respecto se escudó en una situación económica y social apremiante hacia septiembre de 2019 (el 23 de ese mes este diario reveló por primera vez que estaba en marcha la medida) y que la posibilidad de un bono había sido conversada con su entonces colega de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y con la cúpula de la CGT. De hecho sugirió citar a la exministra y a Antonio Caló, jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), un gremio históricamente cliente de la consultora Abeceb, de Sica, antes y después de su paso por la función pública.

“Fue a partir de dicho diagnóstico, compartido por los diferentes actores del sector, que se decidió otorgar el bono de referencia y la decisión se anunció tras la presentación que la oposición hizo en el Congreso del proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria”, explicitó el consultor.