La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia ha generado un fuerte revuelo en el ámbito sindical y judicial.
El máximo tribunal estableció que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires queda habilitado para revisar las decisiones de las cámaras nacionales. Este cambio afecta directamente a la justicia laboral, un fuero históricamente influenciado por los gremios.
La resolución provocó una inmediata reacción de rechazo por parte del sindicalismo. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, calificó el fallo como un “absurdo jurídico” que “atenta contra la ley y la Constitución Nacional”. Según el gremio, el objetivo principal de la medida sería controlar el fuero laboral y garantizar impunidad en casos sensibles como el del Correo Argentino, vinculados al expresidente Mauricio Macri. Este mensaje fue respaldado por la CGT y otros referentes sindicales.
Un fallo con impacto político y judicial
El expresidente Macri ha insistido en la necesidad de traspasar la justicia laboral al ámbito porteño, donde Pro gobierna desde hace 16 años. Para concretar esta medida, sería necesario un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la Nación y, posteriormente, ratificado por la Legislatura de la Ciudad. De lograrse, el cambio representaría un golpe significativo para los sindicatos peronistas, que mantienen peso e influencia en la justicia laboral nacional.
Al respecto, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, advirtió sobre las posibles consecuencias del traspaso. Según Cremonte, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo actúa como un tribunal guía para todo el país, emitiendo sentencias de carácter progresista y protector. Con el cambio, el TSJ porteño se convertiría en una instancia superior tras la Cámara de Apelaciones, alterando la actual estructura judicial.
El Tribunal Superior de Justicia porteño y sus vínculos políticos
El TSJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está integrado por Inés Weinberg, actual presidenta, Alicia Ruiz, Luis Lozano, Marcelo de Langhe y Santiago Otamendi. Tres de ellos fueron designados por gobiernos de Pro: Weinberg fue nombrada por Macri, mientras que de Langhe y Otamendi recibieron el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta. Cabe destacar que Weinberg fue una de las candidatas propuestas por Macri para integrar la Corte Suprema durante su mandato presidencial.
Este fallo no solo redefine el esquema judicial en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también expone las tensiones entre los sectores sindicales, judiciales y políticos, abriendo un nuevo capítulo en la disputa por el control del fuero laboral.
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