En una polémica y drástica decisión, el gobierno de Javier Milei resolvió la intervención de los medios públicos Télam, RTA, TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Contar, por un período inicial de un año, con la posibilidad de ser prorrogada por un año adicional. La medida, según lo publicado en el Boletín Oficial, tiene como objetivo “reformular y readecuar las sociedades” y modificar las contrataciones y la estructura del personal de estos medios.

La noticia ha desencadenado fuertes críticas, especialmente desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), quien en la voz de su secretaria general, Carla Gaudensi, a Sonido Gremial, expresó su fuerte postura con la intervención, calificándola como “un avance sobre el rol social de esos medios” y la tildó de “absolutamente autoritaria y violenta” en relación a las leyes vigentes, como la Ley de Medios -26.522- y la de Sociedades del Estado.

Gaudensi argumentó que la intervención “amenaza el acceso a la información”, sosteniendo que “sin una agencia pública distribuida en puntos estratégicos del país, la información quedaría sujeta a la voluntad de los medios privados”. Además, destacó que las agencias públicas “son fundamentales para garantizar el federalismo y el acceso gratuito a eventos culturales y deportivos de relevancia nacional”, mencionando, entre tantos, el último Mundial de futbol, desarrollado en Qatar, por el cual el país entero pudo ver en directo y de manera gratuita la coronación planetaria del seleccionado argentino como Campeón del Mundo.

Gaudensi instó al Parlamento y a la Justicia que no se permita este “avasallamiento por parte del Gobierno” y expresó su preocupación sobre la posibilidad de privatización de los medios públicos, que considera garantes de la soberanía informativa, el derecho a la información y el federalismo.

El decreto de intervención, establecido a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, designa a Diego Martín Chaher como interventor principal, con Diego Sebastián Marías como interventor adjunto, ambos bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete encabezada por Nicolás Posse. La normativa permite que la intervención sea prorrogada una sola vez, según la discreción del Gobierno.

La medida, que coincide con las promesas de campaña de Milei y está en línea con la Ley Omnibus que se está debatiendo en el Congreso, ha encendido el debate sobre la independencia de los medios y el futuro de la información en Argentina.