El 28 de septiembre, el Sindicato de Choferes Particulares, las cámaras de transportistas y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) bonaerense firmaron un acuerdo para organizar los traslados de baja complejidad y los que están relacionados a personas con discapacidad, de afiliados a IOMA.

A los pocos días, el 7 de octubre, la Federación de Remises que encabeza Alejandro Poli le informó a IOMA mediante carta documento que el Sindicato de Choferes Particulares «no puede trasladar personas porque es un sindicato de autos particulares, sólo pueden trasladar al dueño del vehículo, como lo indica su estatuto».

La «formal impugnación al acuerdo» implica que «cualquier acto administrativo que se haya firmado con la entidad gremial mencionada es nula de nulidad absoluta al estar fundado en un error esencial basado en antecedentes falsos», argumentaron y pidieron formar parte de cualquier mesa de negociación.

«Es un sindicato que no puede demostrar su filiación ni su sentido de pertenencia porque estuvo acéfalo más de 20 años y de repente aparece normalizándose con personas que no pueden acreditar su pertenencia a la actividad porque son monotributistas, incluso de otras actividades», disparó Poli en diálogo con InfoGremiales.

Y agregó: «En una Argentina convulsionada por estas aplicaciones ilegales que vienen a desregular el trabajo, a generar empleo en negro, como Uber, Didi, como las que no tienen CUIT en la Argentina, que vengan estos trasnochados a firmar un convenio con un organismo estatal sin respetar a los trabajadores que nosotros representamos, porque los que hacen traslado de discapacitados y de ART son remiseros, a los cuales ellos no representan, no lo vamos a permitir. Por eso enviamos una carta para informar a IOMA y pedir una reunión para aclarar esta situación. Si no, iremos a la Justicia», concluyó.