La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) respaldó el pedido de informes presentado por diputados nacionales en el Congreso para conocer el destino fondos asignados a obras viales en 2024.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) respaldó el pedido de informes presentado por diputados nacionales en el Congreso para conocer el destino fondos asignados a obras viales en 2024.
FEPEVINA difundió la iniciativa que requiere respuestas sobre el uso de recursos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte y los motivos detrás de la paralización de importantes proyectos, entre distintos puntos.
“¿Dónde está la plata para obras viales que no se gastó?”, interpeló la organización gremial para poner de manifiesto los datos expuestos en el pedido formal presentado por diputados nacionales.
El documento señaló que, en 2024, la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono alcanzó $2.520.915 millones, de los cuales el 28,58% —equivalente a $619.365 millones— debería haberse transferido al fideicomiso.
Sin embargo, la presentación advirtió que se ejecutó menos de la mitad de los $309.682 millones asignados a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La propuesta legislativa exige en particular al Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, al Secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al Administrador General de la DNV, Marcelo Jorge Campoy, que detallen la utilización de estos fondos y las razones detrás del bajo avance de obras, como la construcción de autopistas, autovías y rutas seguras.
El pedido de informes señala que programas clave, como la construcción de autopistas, sólo alcanzaron un 22,2% de ejecución, mientras que otros, como la repavimentación de rutas nacionales, llegaron apenas al 8,1%.
Adicionalmente, el pedido destacó la suspensión de proyectos con altos niveles de avance, como la Ruta Nacional N°18 en Entre Ríos (97%) y la Ruta Nacional N°60 en Córdoba (96%).
Según el documento, la situación compromete la seguridad vial y afecta directamente a los usuarios, en un contexto donde el Ejecutivo ha expresado intenciones de privatizar tramos de la red vial nacional, conforme al Decreto 28/2025.
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