Por Andrés Sanguinetti

La concesión de la llamada Ruta del Mercosur llega a su fin con polémica, juicios al Estado Nacional, masivos despidos de personal y medidas gremiales. Se trata del trazado que, por sólo un día más estará en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), ya que el contrato para la operación de esta autopista vence este martes 8 de abril, sin posibilidad de ser extendido como ya se hizo en anteriores oportunidades.

Cubre un trazado que se inicia en el puente Zárate Brazo largo y comunica el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay y que es conocida como la "columna vertebral de la circulación en el Mercosur", además de tener a su cargo el puente que une Rosario con Victoria.

El gobierno nacional decidió que CRUSA deje de operar el trazado y prepara nuevos pliegos para convocar a una licitación nacional e internacional para reemplazar a la empresa que, a su vez, dejará la concesión con una demanda en contra del Estado Nacional por u$s500 millones.

A través de un comunicado publicado en su página web, Vialidad Nacional precisó que el 9 de abril a las 00:00 tomará posesión de las trazas actualmente concesionadas y que hasta que finalice el proceso de licitación en curso y se otorgue la nueva concesión, llevará adelante las tareas de mantenimiento.

Sin peaje y sin empleados

El organismo estatal aclaró que levantará las barreras y que no se cobrará peaje y se desligó de toda responsabilidad sobre las vinculaciones laborales actuales y futuras de la concesión vial. Por eso, la incertidumbre aparece en el caso de los 500 empleados que en la actualidad trabajan para CRUSA y que la empresa ya avisó que no tiene posibilidades de mantener una vez finalizado su contrato de concesión.

Lo más probable es que queden desempleados y sin chances de cobrar ninguna clase de indemnización, teniendo en cuenta que desde CRUSA no garantizan que sigan vinculados a partir del miércoles próximo. La empresa tampoco estaría en condiciones de pagar las indemnizaciones ya que el fondo creado con ese objetivo se consumió durante la pandemia y nunca se repuso, lo cual llevó al personal a iniciar una medida de fuerza consistente en el levantamiento de las barreras en todas las estaciones de peaje del corredor.

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La medida muestra la poca esperanza de que en las próximas horas aparezca algún tipo de solución al conflicto o una señal salvadora por parte del Estado para que esos 500 empleados no pierdan sus fuentes de ingresos.

Sin embargo, una fórmula de este tipo no tiene sentido a partir del pensamiento del gobierno libertario que encabeza el presidente Javier Milei que, por ejemplo, ya anunció el despido de 1.600 empleados en diferentes reparticiones de Vialidad Nacional y de la intervención de Corredores Viales, la sociedad estatal a cargo de las rutas todavía en manos del sector público y cuyo futuro es la privatización.

Situación de incertidumbre

En este marco, es posible que este mediodía se convoque a una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo para analizar una solución de último momento, aunque el futuro parece ya estar escrito.

En declaraciones a medios del interior, el vocero de CRUSA, Mariano Bradanini, calificó a la situación de incertidumbre y sostuvo que "a días de la finalización de la concesión no hay aún una comunicación oficial de cómo sería la transición del Estado hacia la toma de posesión de la operatoria de las rutas 12, 14 y 174 y lo más importante es que tampoco hay definiciones de qué va a ocurrir con la continuidad del personal de Caminos del Río Uruguay, ya que todas las propuestas que se le han hecho a Vialidad Nacional, ninguna ha llegado a buen puerto por parte de ellos". También reconoció que la empresa se encuentra atravesando "una situación financiera crítica" y acusó al Estado Nacional de no haber encarado ningún tipo de solución con respecto a aumento de tarifas o tratar de reponer de alguna manera la situación de la empresa.

Al inicio de la concesión, CRUSA operaba una ruta que tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 era de pista doble, pero luego sumó otros 60 kilómetros de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de la sociedad 135 kilómetros de autovía y otros 532 kilómetros de una sola mano.

Con el trazado liberado de la concesión actual, el gobierno libertario convocará a una nueva licitación como parte de un plan mayor para crear lo que se bautizó como la nueva "Red Federal de Concesiones" que Vialidad Nacional, que depende del Ministerio de Economía.

Junto con los trazados que opera CRUSA y el resto de las rutas de la empresa estatal Corredores Viales, la nueva red federal que se licitará abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

Mandato privatizador

Al asumir, Javier Milei colocó a Corredores Viales en la lista de "privatizables", con un proceso que se llevará a cabo dentro del plazo de 12 meses. Se concretará con la modalidad que se estime más conveniente y con el fin de otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales.

De hecho, la primera etapa será la licitación del trazado de CRUSA para luego, en una segunda etapa se contempla dar en concesión 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe; la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba, en el marco de una etapa que estará dividida en diez tramos. En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en 12 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

La convocatoria para esta segunda etapa acaba de comenzar, con adjudicación prevista para julio próximo. Los plazos de las nuevas concesiones serán de 30 años y se anunció que tendrán ventaja aquellas ofertas que dispongan las menores tarifas para el cobro de peaje o las que menor tiempo presenten para hacerse cargo de la conexión.

De todos modos, se aclaró que durante el primer año de concesión el gobierno nacional fijará el precio del peaje mientras que la empresa adjudicataria del proceso deberá terminar con las principales obras y recién entonces cobrará la tarifa presentada en los sobres.

Se mencionaron además las obras que se deberán encarar en el trazado durante los primeros tres meses de operación, poniendo foco en el bacheo superficial y profundo, y eliminación de deformaciones del borde de la calzada y de hundimientos.

Causa judicial

De igual modo, se puso en relieve que el pliego presentará la obligación de encarar tareas de infraestructura que deben finalizar en 2027 por su magnitud y que se tendrán que presentar dentro del primer semestre desde que comience la concesión. Pero, mientras este proceso se pone en marcha, el gobierno nacional deberá enfrentar un nuevo juicio presentado por CRUSA para reclamar por los supuestos daños ocasionados a la empresa por la decisión de no extender su concesión en la Ruta del Mercosur y por la falta de actualización de las tarifas de peajes durante varios años.

Sus ejecutivos señalan que esa decisión los llevó a declararse en concurso en 2023 e insisten en que el acuerdo de concesión se encuentra vigente y tiene pendiente la renegociación a la que el Estado se comprometió llevar a cabo en el año 2009, pero que a la fecha no fue realizada.

Esto motivó el inicio de la causa caratulada "CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES S/CONCURSO PREVENTIVO" (Expediente Judicial N° 1520/2023), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, Secretaría N° 17, para que se le respeten las condiciones del contrato.

En este sentido, el 19 de octubre de 2023 se hizo lugar a la medida cautelar de no innovar, entablada por la concesionaria, para prorrogar la concesión por seis meses, a partir del 31 de octubre de 2023, lo cual fue apelado por Vialidad Nacional, lo cual hizo que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resuelva admitir parcialmente el recurso deducido por el organismo.

Esa cámara dispuso que la medida cautelar cesaría a los 30 días contados desde su notificación, plazo en que las partes involucradas debían realizar todos los trámites necesarios para finalizar el contrato de concesión el 9 de abril de 2024. Pero la Resolución N° 144/24 de Vialidad Nacional estableció la prórroga de la concesión por otros 12 meses contados a partir de la fecha de culminación de la concesión, lo cual debe culminar el próximo 18 de abril.

Empresa sin fondos

Ya el año pasado, y través de un comunicado, CRUSA salió a manifestar públicamente su "preocupación por la continuidad del atraso tarifario debido a los incumplimientos contractuales efectuados por los distintos gobiernos".

La empresa también advirtió que dicha situación no solo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además la llevó a una situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún, con sus más de 550 empleados derivando la situación en la apertura de un proceso concursal.

Es más, los ejecutivos de CRUSA acusaron al gobierno de Javier Milei de haber llevado a cabo un proceso "deliberado" de ahogo financiero en contra de la sociedad ya que, según entienden, deriva de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional que le han provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados.

La situación derivó en la presentación de la empresa en concurso preventivo y en la homologación por parte de la justicia de su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores para poder hacer frente al pago de una millonaria deuda.

De manera paralela, CRUSA reclamó ante los tribunales contra el Estado en el 2022 por incumplimiento de contrato, reclamando una indemnización por u$s500 millones, tal como se observa en la presentación que se tramita bajo el expediente CAF 69706/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11.

Acusaciones cruzadas

Es más, en Vialidad Nacional se acumulan 46 pedidos que CRUSA hizo desde el 2006 a la fecha para que se de comienzo al proceso de aumentos tarifarios que nunca se inició. A esto se suma que, en agosto pasado un consorcio privado se mostró interesado en desplazar a CRUSA de la concesión y quedarse con el trazado.

La propuesta partió de un grupo conformado por Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A. que, en conjunto, presentaron ante el Ministerio de Economía una iniciativa privada para la concesión de la ruta del Mercosur. Lejos de desentenderse de la precaria situación de la ruta, en mayo de 2021, la concesionaria presentó una nota a Vialidad Nacional informando sobre "la grave situación del corredor vial" y reclamando "medidas urgentes" para mantener la seguridad de la ruta. Desde entonces, otra serie de notas se presentaron para intentar poner en marcha la inversión estatal en el camino que, según las estimaciones del concesionario, debería llegar a alrededor de $68.000 millones.

De hecho, el juez Carlos Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión que hasta los primeros meses del año sigue en manos de CRUSA.

Audiencia sin éxito

El pasado 17 de marzo, se llevó a cabo una audiencia en el marco del concurso preventivo solicitada por CRUSA a efectos de tratar de lograr una extensión del plazo de la concesión del corredor vial hasta que se designe y asuma un nuevo operador. Ello, con el objeto de preservar la fuente de trabajo de los más de 500 empleados y de las distintas contrataciones indirectas que afectan a varias de las ciudades del interior por donde pasa el corredor vial.

La reunión fue dirigida por la jueza Paula Hualde y participaron representantes de Caminos del Río Uruguay S.A., de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Secretaría de Transporte, la Sindicatura del concurso preventivo de acreedores y los Sindicatos del sector vial, SUTPA y SUTRACOVI. Durante la audiencia, los distintos sectores expusieron ante la magistrada y los funcionarios de la DNV y la Secretaría de Transporte sus posturas respecto a la problemática que conllevaría que el 9 de abril próximo CRUSA deje de operar el corredor y que el mismo pase a manos del Estado.

Se expusieron posibles soluciones a los representantes del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados, evitando un perjuicio innecesario a la fuente de trabajo. Se manifestó también que, además de la preocupación por la pérdida de los empleos directos de más de 500 trabajadores, se producirá la afectación a las contrataciones indirectas y la disminución del movimiento comercial que hoy genera la actual concesionaria. Asimismo, se expresó que existe una gran preocupación por la seguridad vial para los usuarios y por el mantenimiento de la ruta cuando el contrato concluya, y se levanten las barreras y no exista un nuevo concesionario para operar el corredor hasta dentro de varios meses o años, ya que aún no hay siquiera un pliego definitivo de licitación y ésta llevará mucho tiempo hasta su adjudicación definitiva.

En esto, se remarcó la contradicción de esta medida por parte de las autoridades del actual gobierno toda vez que, mientras se proclama públicamente una reducción del Estado en sus diversas áreas y una vocación infranqueable de reducir el gasto público, la decisión de terminar el contrato de concesión pública a CRUSA sin haber completado un proceso de licitación pública y sin haber designado un nuevo concesionario privado conllevará necesariamente que el Estado deba afrontar los costos del mantenimiento del Corredor Vial N°18 hasta que se vuelva a concesionar.

La Sindicatura concursal también adhirió a la preocupación que le genera la suerte de los empleos, la conservación de la fuente de trabajo y la seguridad de las rutas hasta que exista un nuevo operador vial.

Ante la falta de una propuesta concreta de la Secretaría de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad, se dio por concluida la audiencia, instando la magistrada a que el Estado Nacional analice el procedimiento licitatorio a seguir, el que seguramente se verá afectado por acciones judiciales y medidas cautelares, que los distintos perjudicados inicien y que incluso puede generar riesgos a los futuros interesados en la explotación del corredor vial del Mercosur.