La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), bajo la conducción de José Ramón Luque, expresó su profunda preocupación ante los despidos injustificados que está llevando a cabo la empresa FIPLASTO, en el partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires. La planta de esta empresa, que emplea a más de 100 trabajadores, enfrenta una situación crítica tras los recientes despidos, lo que generó un clima de incertidumbre y temor por el posible cierre de la planta.
La Federación y el Sindicato Papelero de Ramallo señalaron que la política económica del gobierno de Javier Milei es la principal responsable de esta situación. “Milei cumple: más trabajadores en la calle”, afirmaron desde el gremio, apuntando a las consecuencias de las decisiones económicas del nuevo gobierno, que en su opinión, están afectando directamente a los trabajadores y a las empresas productivas.
Reclamos y medidas de fuerza
El 24 de octubre, después de una serie de despidos en FIPLASTO, el Sindicato Papelero de Ramallo decidió llevar adelante una medida de fuerza en reclamo por la reincorporación de los trabajadores cesanteados y exigieron a la empresa que cesara con los despidos. Al día siguiente, el 25 de octubre, la FOEIPCyQ intervino activamente, acompañando la protesta con un paro de 24 horas en la planta, que culminó con una convocatoria por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación para abordar la situación.
Durante la jornada de protesta, las autoridades de la Federación y el gremio local realizaron una manifestación frente a la sede de la Secretaría de Trabajo, exigiendo que se detuvieran los despidos y que la empresa no cerrara sus puertas. Además, subrayaron la necesidad de encontrar una solución para la continuidad de la fuente laboral en la planta.
Acusaciones sobre la empresa y el manejo patronal
El Secretario General de FOEIPCyQ, José Ramón Luque, expresó su preocupación sobre el futuro de la empresa, manifestando que había señales claras de un posible cierre definitivo de FIPLASTO. En una carta publicada en el diario Crónica, Luque indicó que “alarma la deriva en la que se encuentra la empresa” y apuntó al dueño de la firma, Marcelo Midlin, sugiriendo que la empresa podría estar planeando un negocio fuera de la industria celulósica y papelera.
Luque denunció también que la empresa había llevado a cabo despidos encubiertos al hacer firmar a los trabajadores un documento donde solo se mencionaba el pago de indemnizaciones, sin una garantía escrita. Además, explicó que la patronal ofreció un pago adicional de dos millones de pesos a los despedidos, pero que no lo hizo formalmente, solo de manera verbal, lo que calificó como una maniobra desleal de la empresa.
Rechazo al cierre y defensa de los puestos de trabajo
El dirigente sindical subrayó que el gobierno nacional debe comprender que la superación de la crisis económica no pasa por dejar a los trabajadores en la calle, sino por mantener los puestos de trabajo y promover un mercado interno activo. En este sentido, destacó que el sector productivo y la industria son fundamentales para salir adelante y que no se puede permitir que más trabajadores sean despedidos o que empresas cierren sin que se tomen medidas concretas para su salvaguarda.
Luque hizo un llamado a la unidad a los trabajadores de FIPLASTO y a sus familias, convocándolos a luchar por la defensa de su fuente laboral. Enfatizó que desde la FOEIPCyQ y el Sindicato Papelero de Ramallo no se van a aceptar el cierre de la fábrica y que tomarían todas las medidas necesarias para que la planta siga funcionando y continúe siendo un motor económico para el pueblo de Ramallo.
Posicionamiento gremial
El sindicato insistió en que los trabajadores están comprometidos con la defensa del empleo y en que no permitirán que la empresa se cierre ni que los despidos sigan adelante. Además, desde la FOEIPCyQ subrayaron que seguirán luchando por la continuidad laboral y por que el gobierno nacional adopte medidas que protejan a los trabajadores y no contribuyan al vaciamiento de empresas en el país.
Este conflicto se suma a la creciente preocupación por el impacto de la política económica del gobierno en el empleo industrial y las condiciones laborales de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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