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EUGENIA RODRÍGUEZ

En la semana del 1 de mayo, fecha histórica para las y los trabajadores, la agenda del mundo del trabajo en Argentina aparece atravesada por el debate de una reforma laboral que favorece el despido arbitrario, reemplaza indemnizaciones y elimina sanciones por no registración en la búsqueda de legalizar el fraude laboral. Especialistas del derecho laboral coinciden en que, de aprobarse en el Congreso, significará un empeoramiento de las condiciones de vida de quienes ya vienen atravesando un proceso de creciente fragmentación entre laburantes con y sin derechos, acompañado de la pérdida de más de siete puntos en el reparto de la riqueza generada en el país, y con ingresos que no les permiten a las familias trabajadoras cubrir el costo de vida básico. ¿Cómo se construye la dignidad del trabajo en un escenario donde el empobrecimiento de la clase trabajadora se vuelve cada vez más evidente?

Desde el inicio de la nueva gestión nacional, el nivel de actividad de la economía viene en caída libre, y tiene su correlato directo en la demanda de empleo. “La política del Gobierno de apertura comercial indiscriminada profundizará la crisis productiva y laboral”, advirtieron desde el sector industrial pyme, que generan más de 2 millones de puestos, y agregaron que “al igual que ya pasó en la convertibilidad, este tipo de políticas generan transformaciones estructurales regresivas en el mercado de trabajo y difíciles de revertir”. En ese sentido, se multiplican las voces que alertan por las consecuencias de la reforma laboral que el gobierno espera tratar en el recinto de la Cámara de Diputados este lunes, con el apoyo de algunos sectores de la oposición (PRO, Hacemos Coalición Federal y parte de la UCR) en cuanto a agravar condiciones de trabajo precarizadas a través de la ampliación del periodo de prueba, eliminación de la protección por despido injustificado, y un fondo de cese de trabajo en reemplazo del derecho a una indemnización. De hecho, no solo perjudicará a trabajadores activos, sino que la reforma afectará a las adultas mayores al eliminar la moratoria, haciendo que el 90% de las trabajadoras en edad de jubilarse no puedan hacerlo, teniendo que extender sus años de servicio para luego cobrar la PUAM que es inferior incluso que la mínima.

En estas semanas el panorama laboral se agravó. “Las primeras medidas de las empresas fueron suspensiones, eliminación de horas extra, disminución de la jornada laboral, entre otras estrategias, pero esta semana se anunciaron despidos en empresas electromecánicas, automotrices, textiles, alimenticias, y de comercio”, graficaron desde el Observatorio IPA sobre la realidad de las empresas y el empleo argentino, a lo que deben sumarse los despidos que se vienen sucediendo en un sinnúmero de organismos y áreas del Estado. 

En este contexto, la agenda de estos días estará atravesada por la movilización que sindicatos y organizaciones sociales y de la sociedad civil llevarán adelante este lunes hacia el Congreso Nacional, en rechazo a los cambios laborales y al conjunto de medidas abarcadas en la “Ley Bases” y el paquete fiscal. Por su parte, el miércoles 1 de mayo habrá una masiva convocatoria de las centrales sindicales bajo la consigna “en la calle para cambiar la vida” que empezará por la mañana desde diferentes puntos de encuentro rumbo al Monumento al Trabajo en CABA, con réplicas en todo el país. Esta convocatoria unificada de la CGT, las dos CTA y la UTEP será la antesala del segundo par general al gobierno de Javier Milei, convocado para el próximo 9 de mayo. A su vez, este martes 30 se realizará una Jornada Nacional de Lucha de sindicatos estatales, mientras se lleva a cabo el Consejo del Salario para definir el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Vale recordar que en febrero gobierno y empresarios rechazaron la propuesta sindical para actualizar un mínimo que apenas cubre la mitad de una canasta básica de alimentos, y el aumento fue determinado de forma arbitraria por decreto. 

Mundo laboral fragmentado

Los datos del mercado de trabajo argentino ponen sobre la mesa las dificultades que enfrentan las y los trabajadores que vienen sufriendo, desde hace al menos una década, un fuerte ajuste en el bolsillo con impacto de la suba sostenida de precios en la economía y hasta intentos de una reforma laboral que, de avanzar esta semana en el Congreso, podría generalizar la contracción informal. En tal panorama, si bien la tasa de desempleo cayó significativamente en 2023, estuvo atravesada por el incremento del trabajo informal: la suba del 6% de los ocupados en los últimos cuatro años fue traccionado por un aumento superior al 11% de trabajadores informales y en 2023 sobre el total de asalariados, los no registrados representaron el 36%, manteniendo niveles similares a fines del 2019.

Así, las características principales ponen sobre la mesa no solo las diferencias entre registrados y no registrados sino un escenario cada vez más complejo y heterogéneo. “Se hace evidente la disparidad en las condiciones de trabajo, la precariedad y todo lo que son fugas del derecho del trabajo o de la registración, todo en es parte de un gran mercado de trabajo y de personas que trabajan y viven de su trabajo”, señaló el diálogo con El Destape, el abogado laboralista Matías Cremonte. En sintonía, consideró que “la existencia de empleo no registrado tiene que ver con una tendencia al incumplimiento de parte de los empleadores y, por supuesto, una tolerancia absoluta de parte del Estado y, en general, de las discusiones que se dan en el mundo del trabajo. Imaginemos que un empleador dice que por problemas de costos no puede pagar la luz o el gas, se los cortan o no puede pagar alquiler, lo desalojan, pero si no puede pagar las cargas sociales o el salario del Convenio Colectivo, se lo tolera. Creo que debemos seguir pensando en la posibilidad de que se cree empleo formal y que se aplique el derecho del trabajo”. 

En la actualidad, para la mayor parte de las y los trabajadores es prácticamente imposible llegar a cubrir el costo de vida básico, es decir que los ingresos sean suficientes para pagar alimentos, salud, vivienda y tarifas de servicios, por lo que las familias terminan por recortar gastos que son esenciales. Ello, además, agravado por la desregulación de los mercados, recorte de partidas sociales y subsidios, y el impacto de la mega devaluación de diciembre con recurrentes presiones sobre el tipo de cambio. En 2023, al menos 3 de cada 10 ocupados eran pobres, alcanzando incluso al 17% de los asalariados formales. Al respecto, desde diciembre último los trabajadores registrados perdieron 300 mil pesos mensuales de salario, según datos del Mirador de la Actualidad Económica (Mate), que alertó que “la pérdida del 20% del poder adquisitivo del salario, resultado de estos tres meses del gobierno de Milei, implica que de 5 días de la semana que trabajamos, uno lo hacemos gratis”, en un contexto donde “el promedio salarial cayó por debajo de la línea de pobreza”.

Por su lado, datos del centro CIFRA-CTA de los Trabajadores mostraron que el salario real -considerando efecto de la inflación- promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra entre noviembre de 2023 y enero de este año. Tras esta caída y teniendo en cuenta el deterioro previo, fue equivalente a poco menos de la mitad de lo que era en noviembre de 2015. “Como podía anticiparse ante la pretensión del ajuste que se busca producir en el gasto público, la caída del poder adquisitivo fue mayor para el salario del sector público que para el salario del sector privado, aunque en ambos casos se trató de magnitudes dramáticas. Entre noviembre de 2023 y enero de este año, la disminución en el sector privado alcanzó el 19,3% y para el sector público fue prácticamente del 25%”, indicaron.  Por su lado, según el Índice de Salarios del Indec, es posible advertir que el salario real no registrado sostiene una tendencia a la baja, que lo ubica más de 30% por debajo del año previo y con una contracción en torno al 50% si se lo compara con diciembre de 2019, cuando ya había perdido unos 20 puntos.

“Los salarios han empezado a ganarle a la inflación” dijo el jefe de Estado el domingo en una nota radial. Sobre ello, la economista Mercedes DAlessandro analizó que "confunde valores nominales con reales. El valor nominal de la tasa de inflación fue menor, pero el poder adquisitivo de los salarios (real) también bajó. Es decir, seguimos comprando menos cosas, que el valor de la inflación sea menor que el mes pasado no te mejora tu poder adquisitivo, lo que lo mejora es que aumente al salario por encima de la tasa de inflación. Por ahora todos venimos perdiendo fuerte esa carrera”. 

Sobre esto, la cantidad de trabajadores ocupados pobres se triplicó en el país pasando en del 11,5% en 2012 al 32,5% en 2023. El porcentaje es mayor incluso si se tienen en cuenta condiciones laborales más precarizadas, ya que escala al 44,2% en el caso de empleo informal y al 78% si se considera puntualmente a quienes son destinatarios de programas de empleo. También persisten brechas cuando se trata de mujeres trabajadoras (1,2 puntos por arriba de los varones) y en el caso de estudios secundarios incompletos (llega al 54% de los trabajadores), de acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA).

Esta situación se agrava en la coyuntura actual con más personas desocupadas, en empleos por cuenta propia o con pluriempleo precarizado. El mayor impacto lo sufren las y los trabajadores públicos con una caída en cantidad de puestos del 1% en enero, lo que no se veía desde mediados de 2014. Junto a los asalariados privados sumaron una pérdida de 66 mil puestos de trabajo. La actividad privada se contrajo sobre todo en construcción (pérdida de más de 70.000 puestos desde agosto de 2023) pero también cayó la cantidad de puestos en la industria, el comercio y otros servicios como la hotelería, restaurantes, transportes y comunicaciones, actividades inmobiliarias y servicios sociales y de salud.

Entre noviembre y febrero de este año hubo más de 16.800 despidos formales en pymes que advirtieron que la crisis del consumo ya golpeó con fuerza al empleo y comenzó a poner en riesgo de continuidad de miles de Pymes manufactureras. “Habíamos advertido que la crisis de la recesión lo primero que iba a provocar era adelantamiento de vacaciones, luego suspensiones, más tarde despidos, aumento de la informalidad y cierre de fábricas. Ya estamos por la tercera etapa y pisando la cuarta. Pero el riesgo de pérdida de empresas está muy latente”, sostuvo Daniel Rosato de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sector que confirmó su presencia en la movilización de este 1 de mayo. 

Demandas urgentes

A las condiciones impuestas por el capitalismo neoliberal y la primacía del capital financiero desde mediados de los ‘70 en adelante, se han sumado durante los últimos años ciertas características propias del avance de la sociedad de la información y los constantes cambios tecnológicos. Así, las demandas actuales, no solo tienen que ver con la generación de puestos de trabajo, sino también por la mejora de las condiciones laborales existentes a partir de la premisa de que el trabajo que dignifica es aquel que se desarrolla garantizando derechos laborales y el acceso a condiciones materiales de vida dignas. A esta cuestión se le agrega la discusión sobre la conquista de nuevos derechos frente a los cambios en algunos sectores del trabajo impuestos por las nuevas tecnologías y las comunicaciones, así como también el crecimiento de los trabajos por cuenta propia, atados en gran medida a la necesidad de supervivencia cotidiana.

“El mayor problema que tiene hoy el mercado de trabajo es el deterioro en materia de ingresos, concretamente lo salarial. Los salarios reales son miserables. La forma de enfrentar esta situación es compleja porque se da en un contexto de mucha inflación y para no perder hay que tener una paritaria abierta todos los meses o ganarle de entrada a la inflación pero lo cierto es que, si analizamos la línea histórica, los 20 puntos promedio que se perdieron en los cuatro años de Macri, más lo que se perdió en el final del gobierno de Alberto Fernández, no solo no se recuperó sino que ahora se duplicó en estos pocos meses de gobierno de Milei. Hay un rol muy importante de los sindicatos que es pelear por la apertura de las paritarias y por salarios que realmente impliquen una recuperación de todo lo perdido”, consideró Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). 

En esa misma línea, subrayó que “lo que desde hace muchos años se perdió en la discusión salarial en Argentina tiene que ver con qué implica un salario digno, porque la Constitución nacional en el artículo 14 bis garantiza a todas las personas que trabajan una retribución justa para vivir, y luego la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 116, indica sobre el salario mínimo, vital y móvil que ‘es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión’. Hoy, más allá de los que perdieron o ganaron frente a la inflación -la mayoría perdió- hace mucho que no hay salarios acordes a esa definición, es decir, cuando se habla de trabajadores formales pobres, es justamente que no alcanza para tener una vida digna en los términos de lo que fija la ley".

La pérdida de poder de compra de los ingresos de las y los trabajadores en los últimos años se da en un marco de sostenida pérdida de la participación del conjunto de los trabajadores en la riqueza generada. Es decir, se profundizó la transferencia de ingresos desde los trabajadores a los grupos económicos más concentrados de la economía nacional. “Un primer descenso se dio durante el gobierno de Cambiemos, cuando el total de remuneraciones se redujo desde el 51,8% sobre Valor Agregado Total en 2016 al 46,3% en 2019, como consecuencia de una caída real de los salarios mayor que la disminución del nivel de actividad económica entre esos años. Una vez superado el 2020, con la recuperación económica pos-pandemia nuevamente tuvo lugar un proceso de pérdida de participación de los salarios, que en 2022 quedaron en el 44,9%. Entre 2019 y 2022 el valor agregado se expandió 3,3% y la suma de remuneraciones creció 0,4% mientras que el excedente de explotación lo hizo en 9,3%”, detalló un documento de CIFRA-CTA. En 2023, la participación de la remuneración al trabajo asalariado en el valor agregado bruto a precios básicos no se recuperó y se mantuvo en torno al 45%.

En relación, otro problema urgente se vincula con el sobreendeudamiento familiar para afrontar gastos de la vida cotidiana como alimentos, ropa y el pago de servicios básicos (luz, gas, agua e internet). Esta situación se agravó sobre todo en hogares sostenidos por mujeres que deben acudir, generalmente, a canales más informales de crédito con altas tasas y condiciones poco claras. Todo ello agudizado a partir del conjunto de desregulaciones que promovió el DNU 70/2023 aún vigente, que hizo que el costo de financiar gastos corrientes como alimentos y medicamentos con tarjeta de crédito (principal forma de deuda, en torno al 40%) se encareciera mucho más. 

Reforma regresiva

El gobierno incluyó en el dictamen final de la “Ley Bases” que empezará a tratarse este lunes en Diputados, los capítulos referidos a la reforma laboral con la que viene insistiendo desde el decreto de diciembre, frenado luego por la justicia. En lo concreto, el Título IV de “Promoción del empleo registrado” exime de multas a los empleadores por no haber registrado como corresponde a las y los trabajadores, condonando deudas de aportes y contribuciones y toda acción penal en su contra, en tanto que el Título V de “Modernización laboral” extiende el período de prueba a 6 meses, con posibilidad de expandirlo a 8 meses en empresas de hasta 100 empleados y hasta 1 año en las empresas con 5 empleados o menos. También se fija el fondo de cese laboral ya que “mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245° de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional”, a la par que se agrega la figura del “trabajador independiente” que podrá contar con “hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo”.

Al respecto, Luis Campos, coordinador del Instituto de Estudios y Formación (IET) de la CTA Autónoma, señaló que “el proyecto elimina la relación de dependencia entre ‘trabajadores independientes’ lo que implica vacaciones, aguinaldo, licencias (maternidad, enfermedad, etc), sindicatos, fuera. Además, la reforma habilita la intermediación de empleadores (A contrata a B para que trabaje para C). Hoy la relación es directa entre el trabajador y quien se aprovecha de su trabajo. El incentivo para tercerizar partes de los procesos productivos en células de hasta 6 personas que trabajan de manera ‘independiente’ va a ser muy grande”. En ese esquema, “el círculo se cierra con la desaparición de las multas por la falta de registro. No sería raro que este proyecto, en el corto plazo, favorezca un retroceso de la participación de los asalariados registrados en el total de la fuerza laboral”, valoró el especialista.

Además, el proyecto crea una indemnización agravada ante despidos discriminatorios, pero deja firmes los efectos del despido. “Es un viejo reclamo de las grandes empresas, no tienen problemas en pagar más, pero el despido no se discute”. En paralelo, se abre la posibilidad de extender el período de prueba hasta un año. “El incentivo está puesto en la rotación. Vamos a un mercado de fuerza de trabajo que tiende a ajustar rápidamente a las variaciones del ciclo económico. Si crece la actividad, contrato precariamente. Si cae la actividad, despido sin costo”. Para el investigador, en el caso de quienes ya están fuera del mercado formal de fuerza de trabajo, no hay en la reforma mayores incentivos para formalizar su relación laboral. “Es un ajuste a la baja, no mucho más”. 

Cremonte coincidió en que “es una reforma regresiva y por tanto inconstitucional. Además, no va a generar más empleo, ni registración, ni crecimiento económico”. En ese sentido, destacó que “derogan las indemnizaciones agravadas para las personas que trabajan y no son registradas. Esto los deja más desprotegidos, y ya no hay consecuencias para el empleador que evade la ley. Da lo mismo cumplir que no cumplir”. También mencionó que “se legaliza el fraude laboral al crear la figura del ‘trabajador independiente’, por fuera de toda protección legal, pueden ser todos monotributistas”. Además, agregó que “durante el embarazo se podrá trabajar hasta 10 días antes del parto, lo que ahora sólo es posible si el parto se adelanta. Así, el empleador podrá ‘sugerir’ a las trabajadoras que trabajen casi hasta parir”. 

A lo anterior se agrega el capítulo IV sobre Empleo Público que facilita cambios discrecionales de tareas, lugares de trabajo y despidos. Además, el proyecto limita la participación en la actividad política y gremial y los descuentos de la cuota sindical solidaria. Frente a ello desde la Asociación de Trabajadores del Esatado (ATE) anticiparon un paro de 3 días en el SENASA. “Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado. Se van a suspender durante 72 horas todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país. Si se aprueba esta norma, tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”, indicaron desde el gremio. 

Otro aspecto regresivo tiene que ver con la eliminación de las moratorias que hará que el 90% de las mujeres no pueda jubilarse antes de los 65 años, agravando las brechas de género existentes. “En nuestro país, las mujeres realizan el 75% de las tareas de cuidados por eso tienen tasas más bajas de actividad, formalidad, menores salarios y mayores niveles de desocupación. Trabajan el doble pero su trabajo no cuenta, y pocas veces pueden aportar”, señaló la ex titular de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes DAlessandro. Al respecto agregó que además de realizar las tareas domésticas en los hogares y tener menos tiempo para el trabajo en el mercado, “uno de los principales empleos de las mujeres es ser empleada doméstica. Son más de 1,2 millones en ese sector, el más informal, precario y de peores salarios de toda la economía. También acá trabajan todo el día, y no tienen aportes”. 

De esa manera, las desigualdades en el mercado laboral producen que solo 11% de las mujeres de entre 55 y 59 años cuenten con más de 20 años de aportes. Es decir, solo 1 de cada 10 mujeres próximas a jubilarse está en condiciones de hacerlo. “La maternidad penaliza a las mujeres a la hora de trabajar, cuantos más hijos tienen menos aportes a la seguridad social acumulan. Es por eso que la mayor parte de las personas que pudieron jubilarse con las moratorias son mujeres. Las moratorias permiten pagar la deuda previsional, completar los aportes que no se pudieron hacer por todos estos motivos (y más) y jubilarse”, puntualizó la economista. Con los cambios que pretende imponer el gobierno “se va a mandar a todos a la PUAM, que es un certificado de pobreza. No se resuelve el problema de fondo que es el mercado laboral. Por el contrario, va a ser cada vez peor y se va a trabajar más, sin poder aportar, sin poder ahorrar". En ese marco, desde la organización Ni Una Menos también convocaron a movilizarse este lunes a las 16 frente al Congreso nacional, en una jornada decisiva para las y los trabajadores del país.