Mauricio Macri se está preparando para la velada especial que tendrá el 26 de enero en París. Ese día – acompañado de Juliana Awada- cenará con Emmanuel y Brigitte Macron, la pareja presidencial de Francia. El resultado, según se anticipa, tendría que ser el relanzamiento de las relaciones bilaterales. Pero los gremios y las asociaciones vinculadas a la industria naval argentina salieron hoy a poner ciertos reparos a ese posible final feliz. ¿Por qué?

Para que Macri y Macron hagan las paces, el jefe de estado argentino aprovecharía el encuentro para confirmar que le comprará, finalmente, cuatro patrulleras francesas para reforzar la seguridad marítima. Es ahí donde los sindicatos ponen un pero: la ley vigente obliga al Estado a priorizar la construcción nacional de ese tipo de embarcaciones.

Se trata de lo pautado en el Artículo 15 de la Ley 27418 que crea el Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina. Después de una larga discusión, la normativa fue publicada en el Boletín Oficial el 22 de diciembre de 2017. El párrafo en cuestión dice:

“Los organismos del Estado nacional o sociedades del Estado nacional o privadas que perciban alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, cuya actividad implique la demanda de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes, se construirán en el país bajo los requerimientos que el organismo demandante determine, cumpliendo con las características, costos y tiempos requeridos.

En caso de que el requerimiento no pueda ser cumplimentado por la industria nacional, mediante razón fundada, el organismo requirente podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión, previo informe emitido por la Comisión Asesora de la Industria Naval establecida en la presente norma”.

Lo más irónico de todo es que se trata de una Ley que fue promulgada con un veto parcial del Ejecutivo –de los artículos 10 y 13- a través de un decreto, lo que para los sectores interesados significaba “vaciarla” de contenido. Para los trabajadores del Astillero Río Santiago significó un “atropello” y “una traición”.

“Los artículos 10 y 13 eran fundamentales. El primero es el Fondo de Financiamiento de la Industria Naval Nacional (FODINN) y el artículo 13 es el bono fiscal que era un subsidio directo a la actividad del 13% del valor agregado en los astilleros nacionales que tenía una duración de 10 años”, había explicado en su momento desde ATE Ensenada.

Ahora vuelven a hablar y le recuerdan a Macri “que el artículo 15 todavía está vigente”. No lo viven como una revancha pero quieren aprovechar esta coyuntura para hacerse escuchar. Pablo Rojas, Sectrario adjunto de ese gremio dijo a este portal que se sintieron “traicionados” por la Casa Rosada porque en el proyecto había recibido el apoyo de todos los sectores.

“Justamente, los artículos vetados fueron introducidos por el oficialismo”, recordó a INFOCIELO Julio González Insfrán, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje. Sobre el artículo 15, reflexionó: “La idea nunca fue que no se puedan comprar afuera pero el objetivo que si necesitan cuatro, dos aunque sea se hagan acá”.

“La ley salió del Senado, pasó a Diputados y volvió al Senado para su sanción y todas veces se votó por consenso o unanimidad por eso sorprendió a propios y extraños el veto”, relató González Insfrán. También aclaró que el objetivo es tener una “línea de financiamiento y de crédito” porque ese el principal problema acá”.

Luego del veto, todas las organizaciones que había impulsado la iniciativa fueron recibidas por el senador Miguel Pichetto. Si bien el rionegrino se comprometió a buscar una alternativa, el clima reinante era de bronca y de resignación. Es más, la Comisión Asesora de la que habla el A15 ni siquiera fue conformada.  “Quedamos planchados”, se justificó González Insfrán.

“El ejecutivo participó de todas las reuniones y acordó que los textos sean de esa manera. Nos dejan sin la estructura de financiamiento. Después de esa sorpresa nos reunimos con Pichetto y ahora estamos esperando que se reabra la discusión”, contó a INFOCIELO Juan Speroni, titular de Obreros Navales. El señalado por todos es Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, quien en la discusión por el Presupuesto 2018 se mostró contrario a que el sector tenga financiamiento estatal.

La mirada de un constitucionalista

Ese diagnóstico es fue compartido por el abogado constitucionalista Julián Portela, quien fue consultado, al respecto, por INFOCIELO. “Frente a un veto meramente parcial, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clara: el Ejecutivo no puede desnaturalizar con su promulgación parcial el sentido mismo de la norma, si lo hace la propia Justicia puede invalidar luego la promulgación parcial, obligando al Ejecutivo a que vete totalmente o modifique los términos de su veto anterior”, consideró el letrado, en primer lugar.

“Al respecto, prima facie pareciera que ambos –artículos- son centrales para que pueda garantizarse mínimamente TODO el resto de la planificación prevista en el resto de la norma, así que el actual Decreto de promulgación parcial luce insuficiente, en tanto ha puesto en vigencia un nuevo régimen pero amputándole previamente una de sus patas de sostén (la económica) y sin siquiera referir cómo se suplirá dicha carencia”, consideró Portela en segundo lugar.