Cuando el gobierno de Martín Llaryora parecía tener (relativamente) ornado el frente gremial tras haber acordado el pago de diciembre con el aumento que pedían los estatales, lo aprobado en la última sesión legislativa del año volvió a encender la mecha. El conflicto se reactivó y los sindicatos se declararon en pie de guerra contra la Provincia, en un contexto nacional complejo de resistencia sindical frente al DNU y la ley Ómnibus que envió al Congreso el presidente Javier Milei. 

La suba del aporte de los agentes estatales para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y la obra social Apross aprobada el miércoles en la Legislatura de Córdoba provocó una rápida reacción de los estatales que decretaron un paro de24 horas para ayer y movilización. El SEP, Suoem, Bancaria, UEPC, Sadop, UTS, entre otros, marcharon en nutridas columnas desde diferentes puntos de la ciudad para concluir con una masiva concentración en el boulevard Guzmán entre los edificios de la Legislatura y el Panal. 

Fue una jornada caliente con altísimas temperaturas registrada en horas del mediodía y también en lo político; se escucharon fuertes discursos por parte de los secretarios generales que anticiparon un plan de acción extenso. Será un comienzo de año atípico frente a las promesas de largas asambleas en reparticiones públicas y nuevas movilizaciones. Inlcuso, desde la UEPC, Roberto Cristalli, ya anticipó que hasta podría verse afectado el inicio del ciclo lectivo 2024 si el Llaryora no retrocede con la ley aprobada. 

“Yo les dije, tengan cuidado con el cagador de Llaryora, cagador como ninguno”, arrancó diciendo el histórico dirigente del SUOEM, Rubén Daniele. “Estoy totalmente de acuerdo con la postura que tomamos todos, vamos a insistir en la gestión, a esto que le llamamos diálogo entre comillas porque lo que ellos hicieron en la última reunión no es diálogo, eso de levantarse de la mesa con una promesa y al otro día cagarte, eso lo hacen los hijos de puta”, dijo Daniele tras advertir: “desde que tengo memoria, en el gremialismo hay una sola cosa que entienden las patronales, y es el quilombo”. 

En tanto, Sergio Castro, del Sindicato de Empleados Públicos, expresó: “Nos sentimos muy defraudados, porque habíamos iniciado una negociación con funcionarios provinciales”.

La aclaración de la Provincia

Por su lado, el gobierno de Llaryora emitió ayer un comunicado aclararon que la ley aprobada esta semana en la Legislatura, por la que se crea un aporte de dos puntos porcentuales sobre los haberes de los empleados públicos activos, no afecta los salarios que perciben los jubilados provinciales.

“La modificación, que se efectúa solamente sobre el sueldo bruto del empleado público activo, está destinada a solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a los fines de mantener el salario que perciben los actuales y futuros jubilados de la provincia”, informaron desde el Panal. 

Además, la Provincia argumentó que así puede extender la suspensión del diferimiento en el cálculo del haber jubilatorio que vence el 31 de diciembre. “Estas modificaciones persiguen cuidar y proteger a los jubilados provinciales frente al panorama de crisis que vive la Argentina”, dice el comunicado en el que la Provincia pide: “en un momento de crisis, los trabajadores estatales activos también debemos hacer un esfuerzo para superarla”.