Según denuncian desde los sindicatos, se decidió “de forma unilateral”, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la transferencia de los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud (ex-Profe), y los recursos humanos de la unidad ejecutora, a la obra social bonaerense.

Existe una creciente preocupación porque esta trasferencia desde el Gobierno nacional no estaría acompañada del financiamiento necesario y por ende podría implicar que se vea resentido el funcionamiento de la obra social bonaerense, como así también la calidad de las prestaciones que brinda a sus afiliados. 

Asimismo, se violaría la autarquía que tiene el IOMA, establecida por ley.“Al resultar la autarquía de una ley, suprimirla por decreto constituye una clara incompetencia, que torna al acto nulo de nulidad absoluta y resulta procedente que se deje sin efecto”, reza el petitorio que fue firmado por los dirigentes Carlos Quintana (UPCN), Susana Mariño (Soeme), Miguel Ángel Zubieta (Salud Pública), Jorge Baldovino (AERI), Julio César Castro (Sosba) y Pedro Fernández (APOC).

“No puede fusionarse un sistema con subsidios nacionales porque IOMA, es decir el Estado provincial, debería asumir todas las responsabilidades legales ante la falta de cobertura y eventuales recursos de amparo en la Justicia. Tememos que lo que pone la Nación no alcance a cubrir las necesidades y se tenga que utilizar plata de los trabajadores públicos de la Provincia para financiar el déficit que podría generar esta transferencia. Todo esto fue una decisión del Poder Ejecutivo sin consultarlo con el directorio de la obra social”, explicó Quintana a  diario Hoy. 

El dirigente de UPCN concluyó: “El decreto fue una forma compulsiva de tomar una determinación. Los perjudicados, si no se escucha nuestro pedido, van a ser los empleados públicos. Buscaron pasarle el ex-Profe a IOMA como si fuera un caramelito, pero es una decisión peligrosa para la obra social”.