Funcionarios nacionales, empleadores y sindicalistas analizaron en un seminario "la naturalización del trabajo infantil y la tolerancia social del problema como un desafío para las políticas públicas para su prevención y erradicación", en el contexto del Año Internacional para la Eliminación de ese flagelo, informó la OIT Argentina.

La Oficina de País para la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocó de forma virtual al primer seminario de un ciclo organizado por el organismo tripartito, titulado "Determinantes del trabajo infantil y políticas públicas en Argentina”.

"La problemática es un fenómeno multicausal. El ciclo fue inaugurado para visibilizar el problema y reafirmar los compromisos y esfuerzos para acelerar los progresos y cumplir la meta 8.7 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es preciso eliminarlo en todas sus formas antes de 2025”, afirmó la directora de la OIT Argentina, Yukiko Arai, en la apertura del encuentro sobre "tolerancia social y naturalización".

Por primera vez en los últimos 20 años los avances para erradicar el trabajo infantil se estancaron; la tendencia mundial se revirtió y hoy se registra un aumento, advirtió la funcionaria, quien añadió que en el mundo más de 160 millones de menores y adolescentes cumplen tareas, es decir, 1 de cada 10, especialmente en la agricultura.

Arai destacó no obstante que en América Latina se mantiene una tendencia a la baja, ya que el número de afectados pasó de 10,5 a 8,2 millones y, en la Argentina, existe "el notable esfuerzo del Gobierno y de empresarios y sindicatos para consolidar esos avances a fin de prevenir y erradicar el problema y evitar mayores retrocesos”, afirmó.

Gustavo Ponce, especialista de la OIT Argentina en trabajo infantil y forzoso y trata de personas, moderó el debate junto a un equipo de panelistas, quienes profundizaron en el tema a partir de testimonios de hombres y mujeres de nueve provincias.

Para los expositores, las causas y consecuencias del problema se relacionan con las necesidades económicas que impulsan el trabajo familiar, la ausencia de seguridad social, el impacto en los menores y su vida adulta, la transición temprana del estudio al empleo, las competencias básicas limitadas, la participación en tareas peligrosas y el cumplimiento de las obligaciones laborales, que impiden ejercer el derecho a ser educados.

"Es fundamental el acompañamiento del Estado con políticas segmentadas para la vida rural”, dijo el referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra e integrante del colectivo de Derechos Campesinos de la Vía Campesina en la ONU, Diego Montón, quien sostuvo que esas acciones deben encaminarse hacia "la producción y acceso al mercado para que la familia tenga un ingreso que evite el trabajo infantil”.

La especialista en Infancias e Instituciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), Mercedes Minnicelli, expresó que trabajo infantil también realiza "un youtuber", en tanto la secretaria de Derechos Humanos de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) de Río Negro, Viviana Rancaño, indicó que “el Estado debe invertir en educación para que la niñez y la adolescencia esté en la escuela”.