Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el Tribunal Superior de Justicia porteño votó en sintonía con lo que pregona el Gobierno de Larreta y determinó a través de una sentencia que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada.

La Unión de Trabajadores de la Educación se expidió a través de un comunicado: «El fallo busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021.»

La Constitución porteña vigente en su Artículo 24 establece que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”. No parece haber lugar a segundas interpretaciones, sin embargo, el Gobierno porteño suele hablar de una obligatoriedad que llegaría hasta sala de 4. El Poder Judicial de la Ciudad, en vez de forzar al Ejecutivo a crear nuevos establecimientos para el problema de falta de vacantes que tiene larga data ya, eligió forzar a la familia a derivar a su hijo a la educación privada. Como si elegir la educación de gestión estatal no fuera una opción.

En ese sentido lo interpretan desde la regional del sindicato encabezada por Angélica Graciano: «Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos.»

El 15 de diciembre pasado referentes de la UTE fueron notificados de una causa penal iniciada por el Gobierno de la Ciudad encabezado por Horacio Rodríguez Larreta en noviembre de 2019 en el marco de una protesta.

«Con el recorte presupuestario, la persecución judicial a las y los docentes y los fallos hechos a la medida del macrismo- larretismo, el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia de la Ciudad ya no disimulan que tienen una política común para destruir la escuela pública.», cerraron.