No hubo cuórum por ausencia del peronismo y de Encuentro Federal, donde sólo asistió un diputado de Frigerio. El debate pasa para 2025.
Por Mauricio Cantando
La CGT se anotó un triunfo en el Congreso: la Cámara de Diputados no tuvo cuórum en la sesión convocada por la UCR para tratar los proyectos sobre reforma sindical. No fue posible alcanzar una mayoría por la ausencia de Unión por la Patria y de Encuentro Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto.
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Sólo hubo 111 presencias, 18 menos de las necesarias para el cuórum. La iniciativa intenta limitar las fuentes de recaudación de los gremios, restringe las reelecciones de los sindicalistas y desregula las obras sociales.
Fue impulsada por el radical Martín Tetaz, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. No podrá volver a debatirse hasta el año próximo. PRO, LLA, la Coalición Cívica y la UCR blue (Democracia sindical) estuvieron en el recinto, pero no así los partidos provinciales; ni habituales aliados del Gobierno, como los representantes de Tucumán y San Juan.
Estas ausencias fueron motivo de queja de la UCR, que denunció complicidad de Javier Milei con los jefes sindicales. “Hay un acuerdo con la CGT. Es evidente. Basta ver el juego de basta ver el juego de las sillas: que el cuórum no alcanza, que me siento, que no me siento; que los aliados no aparecen. ¿En qué consiste el acuerdo? Les dejo a ellos (por los gremios) sus reelecciones indefinidas, los recursos de los laburantes y las obras sociales. El Gobierno dice ganar tiempo”, describió Rodrigo De Loredo, jefe del bloque radical.
Lo cierto es que los libertarios no tuvieron muchas ausencias, pero retrasaron el dictamen un semestre, por pedido expreso de Guillermo Francos. Recién aceptaron poner las firmas la semana pasada.
El triunfo de la CGT
La central obrera tiene motivos para festejar, porque exhibió una red de respaldo legislativos que la blinda de cualquier ley que pudiera menguar su poder. El bloque Encuentro Federal sólo tuvo la presencia del entrerriano Francisco Morchio, cercano al gobernador Rogelio Frigerio.
No participaron los otros 15 miembros, entre ellos figuras disímiles como Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot y los representantes de los gobiernos de Córdoba y Chubut.
Esta bancada, a través de Pichetto, ya había hecho una maniobra en la comisión para bloquear el dictamen, cuando el rionegrino reemplazó a la cordobesa Alejandra Torres y se negó a firmar. Como había 15 rúbricas, menos de la mitad, el uso y costumbre indicaba que el despacho estaba caído.
Aún así Tetaz lo puso en tratamiento y encontró un resquicio reglamentario para tratarlo, pero necesitaba cuórum y no tuvo. “Esta ley pone punto final a los robos que se producen todos los meses en los recibos de sueldo de los trabajadores. No se puede admitir que ninguna organización les meta la mano en el bolsillo. Se llevan hasta el 7%”, denunció el radical”.
“Argentina necesita una reforma sindical. Tenemos que terminar con la principal casta. Hoy no lo conseguimos, pero hicimos un principio de revelación. Quiero darle al pueblo argentino la seguridad de que tarde o temprano va a conseguir la democracia sindical que necesita”.
La reforma congelada
El dictamen que no llegó a tratarse significaba un fuerte recorte al poder de los sindicatos, porque regula su financiamiento y los mandatos de los dirigentes. No habilita la reelección, obliga a tener representantes de la minoría y cupos de género en las comisiones directivas. También exige declaraciones juradas de los dirigentes.
El golpe más fuerte a la caja de los gremios que tiene el despacho consiste en prohibir los aportes de los trabajadores de manera compulsiva. En la actualidad, los sindicatos están habilitados a aplicar descuentos en los recibos de sueldo y sólo deben suspender esos cobros si hay un pedido formal, que casi nunca ocurre.
El dictamen buscaba revertir el proceso y que sólo puedan existir aportes del personal con un consentimiento previo. En la UCR aseguran que los giros automáticos son la principal fuente de financiamiento de los gremios.
En cuanto a las obras sociales, el dictamen caído contemplaba la libre elección, con la posibilidad de desviar aportes. La secretaría de trabajo quedaría autorizada a intervenir a los sindicatos que no cumplan con las reglas. No pudo tratarse.
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