La caída de Garbarino acumula profundidad a la par de controversias. Ocurre que, a la par de un concurso de acreedores que permanece en la indefinición, Carlos Rosales, el dueño del grupo de empresas, sigue ejecutando cambios en la estructura de la firma mientras, en simultáneo, incumple con las indemnizaciones adeudadas a más de 4.500 familias. Precisamente, desde el ámbito de los ex empleados de la cadena de electrodomésticos señalaron que, en los últimos meses, Rosales efectuó depósitos inferiores a los 100 pesos mientras, en paralelo, ocupó la recaudación de las cuatro sucursales aún activas de Garbarino para "gastos personales".

El proceso que se le sigue a la caída comercial de la firma y los movimientos de Rosales corre por cuenta del juez Fernando D'Alessandro, quien aguarda por sendos informes de la Sindicatura General para avanzar con la quiebra.

Sin embargo, delegados de los ex trabajadores de la cadena comentaron a iProfesional que los últimos reportes emitidos por la síndico interviniente omiten irregularidades ligadas al accionar del empresario.

"Restan dos pasos legalmente para que el juez decrete la quiebra. El más importante es el más difícil y corresponde a los informes que debe dar la Sindicatura General. No estamos observando precisión en esos informes", indicó un delegado interpelado.

Sumas irrisorias para los miles de despedidos

"Una muestra de esto está en que en el último informe se colocó como gasto a los casi 600.000 pesos que demanda el pago de la cobertura de OSDE que utiliza Rosales. El empresario está pagando la prepaga de toda su familia con la recaudación que debería destinarse a la indemnización de los trabajadores afectados por los despidos y el cierre de locales", agregó.

Según afirmó otro representante de los ex empleados, sólo en el último mes las cuatro sucursales que aún funcionan bajo el nombre de Garbarino facturaron alrededor de 6 millones de pesos. Las familias a indemnizar vienen recibiendo, en promedio, pagos por debajo de los 100 pesos mensuales.

"Existe un acuerdo con un nuevo servidor y un nuevo sistema de facturación que no se identifica como Garbarino, por lo que tenemos la sospecha de que se está fugando dinero. En cuanto al pago de los meses adeudados, nos han depositado menos de 100 pesos mensuales en el último tiempo", expuso la fuente.

"Mientras tanto, Rosales hizo movimientos para desligarse de toda responsabilidad. Así, colocó a su madre como presidenta de la firma, e incluyó a su hermana y su hijo como director. Todo esto, claro, con el consentimiento de la síndico", añadió.

En distintos espacios en redes sociales, los ex trabajadores de Garbarino que exigen los pagos adeudados no han dudado en compartir el detalle de las identidades de los familiares del empresario y los cargos que ahora ocupan en la firma en caída.

"Esta semana, y a través de una reunión, los trabajadores despedidos hemos decidido realizar en el transcurso del mes una movilización al juzgado para pedir explicaciones al respecto de lo que consideramos irregularidades en el proceso de la convocatoria de acreedores", añadió el delegado consultado por este medio.

Garbarino: irregularidades y pagos que nunca llegan

En junio pasado, y a los fines de acercar algún tipo de alivio a las familias de los despedidos, el juez D'Alessandro llevó a cabo la venta de 5 vehículos de la compañía y se determinó que los montos resultantes de la operación se repartan entre los trabajadores de las empresas del grupo Garbarino.

Lo particular es que, según indicaron a iProfesional representantes de los ex empleados, a cada individuo se les asignó un monto cercano a los 1.800 pesos. Al parecer, la mini flota de unidades vendidas correspondió a camiones y furgones "en estado deplorable", de acuerdo a las fuentes consultadas.

Además, los rodados acumulaban deudas abultadas por multas recibidas y patentes impagas. En concreto, el comprador abonó una cifra cercana a los 5 millones de pesos. La venta pudo llevarse a cabo a partir de la decisión de D'Alessandro de levantar la "inhibición general de bienes de la concursada, a cuyo fin líbrese oficio al Registro de la Propiedad Automotor" que pesaba sobre Garbarino.

Los trabajadores despedidos sostienen que la síndico general que interviene en la situación de la empresa de Rosales "sigue dilatando la quiebra" lo cual, interpretan, alienta la posibilidad de "un vaciamiento fraudulento para que finalmente no cobre nadie".

Según voces ligadas con la operatoria de la firma, Rosales bajó la persiana de 200 locales de Garbarino en todo el país pero la firma en cuestión aún opera cuatro sucursales aunque, aclaran las fuentes, sólo abren sus puertas de manera esporádica. La deuda acumulada del grupo de empresas bajo control del empresario mencionado merodea los 20.000 millones de pesos.